No faltan quienes, en estos tiempos, justifican éticamente su fraude como reacción ante comportamientos corruptos de los gobernantes: sin llegar a los extremos de tantos usuarios de paraísos, periódicamente salen datos que sitúan allí el fruto de las extorsiones o fraudes de líderes políticos o miembros de gobiernos estatales o regionales. No es difícil pasar del gran Dante al modesto Robin Hood.
El incremento de regulaciones estatales estos últimos años da mucho trabajo y no pocas incomodidades a las personas normales. Pero no plantea problemas, como se ve, para quienes disponen de recursos abundantes. Sin olvidar la facilidad que deriva de la rapidez de las comunicaciones con cualquier rincón del mundo, que facilitan casi instantáneamente las transferencias dinerarias a la vez que difuminan los rastros. Como se ha escrito, el fraude legalmente organizado es el lado oscuro de la globalización.
No será fácil atajarlo con nuevas medidas legales, aunque sí parece conveniente seguir avanzando en las normas contra el fraude promovidas desde hace años en el ámbito de la OCDE. De todos modos, en este caso, la mayor sanción puede ser la vergonzosa "pena de telediario", inatacable para quienes hacen gala de transparencia.
