Pese a que en 2017 se registró una reducción del flujo de migración indocumentada en la frontera que separa México de Estados Unidos, e incluso el regreso de un gran número de mexicanos a su propio país, parece que la política de la nación vecina, Estados Unidos, ignora este hecho.

En las líneas que siguen, no quiero centrarme en el fenómeno de la inmigración regular, de la cual mucho ya se dijo -y cuya importancia sigue quedando reflejada en la mayoría de los artículos de prensa-, sino en el carácter irregular del mismo y, sobre todo, en las recientes disposiciones que se tomaron a dicho respecto. A pesar del cambio que sufrió la inmigración de México a EEUU en las últimas décadas, ¿es posible justificar las decisiones del nuevo gobierno estadounidense en materia de inmigración indocumentada? Creo que no.

Personalmente, a través de la lectura de la prensa, tanto española como mexicana, noté que son cada vez más los artículos que hacen hincapié en dicho tema, y que atestiguan lo absurdo de las medidas ejecutivas adoptadas por parte del Presidente norteamericano, con el objetivo de que su nación se vaciase de los extranjeros -los inmigrantes procedentes de países tercermundistas- que intentaran aprovecharse del bienestar de su País. A este respecto, sería importante subrayar su rechazo radical hacia los mexicanos que eligen EEUU como destino, donde, hoy en día, se les considera negativamente: se les acusa, de hecho, de ser criminales, mientras que, en realidad, solo salen de su país huyendo de la miseria en que viven.

Asimismo, entre las últimas acciones que afectan a los inmigrantes mexicanos, dos son las que más me impactaron: por un lado, la puesta en práctica de persecuciones, que pueden acabar con la expulsión, contra los dreamers, quienes -en mi opinión- deberían ser considerados ahora ciudadanos de EEUU, ya que aceptaron su reglamento; por otro, en consecuencia, la decisión de quitarles a los mismos la protección que el gobierno tendría que garantizarles.

Si bien es verdad que un jefe de estado tiene que promulgar leyes para proteger a sus ciudadanos, sin embargo, es fundamental que esa voluntad de salvaguardia no se convierta en un "muro burocrático", como lo definió acertadamente un artículo publicado en El País.

Llegar a adoptar una actitud acogedora y tolerante hacia México -y demás países latinoamericanos- no sería sinónimo de impotencia o debilidad. ¿De verdad necesitamos erigir hasta fronteras burocráticas?

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