Probablemente, como ante tantas otras cuestiones, no será preciso modificar la tipificación de los delitos, por el hecho de que se cometan gracias a las nuevas tecnologías. Pero sí exigirá cualificar y aumentar el número de funcionarios encargados de la persecución de la ciberdelincuencia. Realmente, son demasiado fuertes los datos que recogía recientemente el informe anual de la delegación ministerial francesa para industrias de seguridad y lucha contra las amenazas cibernéticas: robo de datos personales, pirateo de ordenadores y móviles, fraude con tarjetas bancarias, estafas banales, hasta ataques superespecializados contra organismos vitales del Estado, aparte del triste incremento de la pornografía infantil. Aunque faltan estadísticas fiables, se puede considerar que, en el país vecino, la ciberdelincuencia en sentido amplio aumentó en un 32% entre 2016 y 2017, con unos 63.000 casos registrados en 2017: entre 5.000 y 6.000 al mes.
Sin duda, es campo propicio para el crecimiento de las empresas que prestan servicios de seguridad, conectadas o no con las clásicas aseguradoras. Pero también la Administración pública debe cualificarse mejor para defender adecuadamente a los ciudadanos.
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