-¿Le han quedado secuelas tras el caso de las sedaciones?

-Secuelas es una palabra muy fuerte, pero sí siento franca indignación porque, después de lo que representó ese escándalo en la sanidad pública madrileña y en el debate nacional del derecho a una muerte digna, se han ido de rositas. Nadie fue responsable, ni en el Gobierno de Madrid ni en el PP.

-¿Nadie le pidió perdón?

-Pedir disculpas o perdón sería un acto de humildad imposible en el PP, que gobierna con esa soberbia propia de los políticos que se creen en posesión de la verdad.

-Sigue en el hospital Severo Ochoa pero sin cargos.

-Soy médico de plantilla del hospital y cuando me cesaron como coordinador de urgencias volví a mi puesto de anestesista. El conflicto del Severo Ochoa fue indigno. En un servicio como el de urgencias, donde trabajan más de 200 personas y por el que pasan todos los médicos, que alguien pueda cometer 400 homicidios con sedaciones de larga duración y controlar las voluntades de todos es inconcebible.

-¿Se sintió apoyado?

-En un principio, sí. La gran mayoría de los compañeros optó por el silencio. Es un poco bochornoso, pero el miedo es cosa de cada cual. Podía haber sido un apoyo un poco más explícito, pero no hubo gente en contra.

-Zapatero llegó a plantear una ley de muerte digna al final de su última legislatura.

-Después de que Andalucía, Aragón y Navarra aprobasen su propia legislación autonómica, le correspondía al Gobierno presentar una ley que homogeneizara los cuidados paliativos. Pero se encargaron muy mucho de subrayar desde el principio que era una ley del desarrollo de los cuidados paliativos y hasta quitaron del texto la expresión 'muerte digna'. Hubo bastante empeño en que quedara claro que no era una ley de eutanasia. Era una ley clavada a la de Andalucía, y una ley que no cambie el marco jurídico -el artículo 143 del Código Penal, que considera un delito ayudar a morir a un paciente terminal con intenso sufrimiento y que lo haya pedido- es más de lo mismo. Con la muerte digna se está mareando la perdiz para evitar el verdadero debate, la disponibilidad de la propia vida. Me temo muy mucho que falta tiempo aún.

-¿Impensable con el PP?

-Impensable. La legislación más cercana a la muerte digna es la ley de autonomía del paciente (2002), que se planteó en el seno europeo y a través de la Comisión de Derechos Humanos. Un escenario posible es que ocurra lo mismo con el debate sobre la ley de eutanasia activa y suicidio asistido.

-¿En qué países está regulado?

-En Holanda, Bélgica y Luxemburgo. En Suiza está penalizada la eutanasia activa pero no se considera un delito la ayuda al suicidio.

-¿Hay turismo eutanásico?

-Es el debate planteado en el Reino Unido. Es deplorable que más de 150 ciudadanos tengan que acudir a Suiza a procurarse la muerte solicitada y que quien les acompaña sea perseguido al volver porque se considera un delito. Se le abren diligencias previas y acaban cerrándose porque no hay acusación particular. Solo una ley de disponibilidad de la propia vida acabaría con esa situación: tener acceso a una buena muerte si lo deseas.

-¿Derecho a Morir Dignamente ayuda al buen morir?

-En nuestro marco jurídico es buena práctica médica permitir la muerte, no tomar medidas y limitar el esfuerzo terapéutico en pacientes en una situación terminal clara, en la que cualquier tratamiento activo o paliativo sería fútil y desproporcionado. Una buena práctica es retirar las medidas extraordinarias y, en la agonía, tratar el sufrimiento con la sedación paliativa terminal. Aunque se trate de un enfermo terminal y el sufrimiento se intensifique, si la muerte no es inminente, la ayuda es un delito.

-La ley andaluza se reveló insuficiente ante un joven con ELA.

-Nosotros le hicimos una sedación paliativa terminal porque estaba en una situación verdaderamente terminal, la muerte era inminente. Los médicos del Servicio Andaluz de Salud lo reconocieron también pero le propusieron que hiciese una huelga de hambre. Me parece una barbaridad.

-Que la prensa publique un reportaje como este o el que hizo Millás acompañando a un enfermo terminal, ¿tiene influencia?

-Después de estos testimonios aumentan las afiliaciones al DMD, lo que significa que hay una sensibilización y un reconocimiento social claro. Según el CIS, el 80% de los ciudadanos está de acuerdo con la regulación de la eutanasia. La vida es un derecho, pero cuando se hace insoportable todo ciudadano tiene derecho a apearse de la vida. No pueden obligarte a vivir.

-Tiene 64 años, ¿lo verá usted?

-Yo creo que sí, entre otras cosas porque voy a vivir muchos años.