El fiscal del Tribunal Supremo Jaime Moreno Verdejo (1958) sacó las oposiciones de juez y fiscal al mismo tiempo, a principios de los ochenta. Se decidió finalmente por el Ministerio público. En 2003 fue asignado al Supremo, donde representó a la Fiscalía en la casación de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional del 11-M. Para este fiscal, el caso "ha quedado todo lo claro que podía quedar".

-La reforma procesal no salió adelante.

-Fue un encargo del ministro Gallardón que hereda luego Catalá. No lo saca al completo, pero sí algunas cosas, como los atestados sin autor que no se remiten a los Juzgados, la limitación de la conexidad para que no se formen macrocausas, toda la regulación de las intervenciones telefónicas y otros aparatos, la reforma de la casación o el sistema de plazos de instrucción.

-¿Qué falló?

-El código alemán de derecho procesal tardó nueve años en hacerse. A nosotros nos dieron diez meses y tuvimos unas directrices no del todo fijadas. Debe haber un consenso previo para que luego una comisión muy pequeña elabore la reforma.

-La instrucción por parte del fiscal no salió adelante.

-Es que se planteaba que si instruye el fiscal, eso no cuesta dinero. Y sí cuesta, mucho. Ahora, el 95 por ciento de los funcionarios trabaja con los jueces y el 5 por ciento con los fiscales. Hay 0,8 funcionarios por fiscal. Si mañana a mí me ponen a instruir, no puedo tener ese número de funcionarios. Que se dé la facultad de instruir al fiscal significa tener sedes, más funcionarios y saber qué hacemos con los jueces que ahora se dedican a la instrucción. ¿Tiramos a la basura toda esa experiencia? ¿O creamos una carrera única en la que los actuales jueces instructores puedan pasar a ser fiscales instructores? Todas esas cuestiones no se preparan en los diez meses que nos dieron.

-Se han escuchado bastantes opiniones contrarias a que el fiscal instruya.

-Cuando salió este debate, a la opinión pública sólo le preocupó el tema de la independencia. Yo llevo diez años como fiscal en el Supremo. He llevado el caso Faisán, el tema del 11-M. ¿Sabe cuántas veces me han llamado para ver qué voy a hacer o para darme instrucciones? Nunca. Y en algún caso me hubiese gustado. En el 11-M, a mí me hubiese gustado hablar con el fiscal general, para que supiese lo que iba a decir, porque iba a representar a toda la institución. No se puede pensar que la justicia depende de quién instruya.

-Siempre se plantea esa sombra de dependencia del fiscal respecto al Ejecutivo.

-¿Le parece que estamos politizados cuando se han instruido y llegado a juicio casos como la trama Gürtel o las black, además con un fiscal elegido por el PP? ¿Cree que es tan fácil que llame el fiscal general y le diga al fiscal: 'No acuses'? ¿Se imagina el escándalo que se formaría? Hay resortes en el Estatuto del Ministerio público. El fiscal al que le pase algo así puede convocar la Junta de Fiscales en su territorio para plantar cara a un fiscal general, que estaría fuera en el minuto dos. ¿Qué más pruebas queremos? El fiscal general en otros países es el ministro de Justicia, con lo que nuestra independencia es superior.

-¿Quién se está resistiendo más a que instruya el fiscal?

-No lo sé. El debate es doble. Está en el de quién va a instruir, pero previo a ése hay otro debate más importante, qué y para qué tenemos que instruir. Hoy, en un porcentaje muy amplio, la instrucción consiste en repetir lo que ya contiene el atestado policial. Eso es innecesario y lo único que hacer es retardar. Lo que nos deberíamos plantear es que muchos asuntos no necesitan instrucción. Yo apuesto por el juicio directo, en el que el fiscal lleve a juicio todos aquellos asuntos -muchos más de los que hoy van a juicio rápido- en los que con el atestado me es suficiente. Y dejar una instrucción para un número menor de casos.

-La revisión de los casos para decidir cuáles eran causas complejas se hizo a la trágala.

-Eso es un asunto que está ya superado. Lo que me preocupa no es tanto cómo se hizo. El problema es que se diga: vamos a instruir, pero en menos plazo. Me pregunto, ¿podemos hacer algo distinto para que se acorte el plazo naturalmente y no por decreto? ¿Podemos cambiar la manera cultural de percibir y entender nuestra instrucción? ¿Nos atrevemos, por ejemplo, a que no declare cuatro veces el acusado, una ante la Policía, otra ante el Juzgado instructor, otra nuevamente en la indagatoria y por último ante el juez que propiamente juzga? De lo que se trata es de reducir las actuaciones previas al juicio, procurar ir al juicio oral con una instrucción aligerada.

-Gürtel tardó siete años.

-Hay instrucciones que son inevitablemente largas, es evidente. Pero otras no, la gran mayoría no. Eso permitiría que a los asuntos gordos pudiésemos dedicarles una mayor atención. Si mañana roban a una señora en un cajero y el autor es detenido de forma inmediata, y además hay dos transeúntes que lo han visto y eso consta en el atestado, yo no creo que sea necesaria otra cosa más que ir al juicio oral citando a esas personas. No hace falta, como ahora, que tengan que pasar todos ante el juez instructor a ratificarse en una declaración ya realizada en el atestado.

-Hay fiscales que se quejan de que no haya salido el desarrollo del Estatuto Fiscal.

-Hubo un intento, pero no ha dado tiempo. Se desarrollarían cuestiones como el régimen disciplinario, quién es el promotor de la acción disciplinaria. Personalmente creo que el Estatuto es suficiente marco para regular la actividad del fiscal.

-Estuvo en la casación del 11-M. ¿Cree que ha quedado claro este asunto?

-Yo creo que ha quedado todo lo claro que podía quedar. La sentencia del Supremo es precisa dentro de lo que es la dificultad de establecer lo ocurrido en un asunto como éste. Se ha profundizado todo lo que se podía profundizar. Si me pregunta si se sabe qué grupos había en el extranjero, pues quizá no, pero quién realizó los atentados y quién proporcionó los explosivos ha quedado claro.