Benito Alonso Enríquez y Sarmiento abandonó de madrugada su casona de Chantada y fue a ver a su amante, la mujer del boticario de Melide; pero no llegó a su destino, y el rastro del marqués de Valladares se perdió aquel 19 de junio de 1757. El crimen, y todo lo que acarreó, cayó como una bomba y su onda expansiva llegó incluso a Ultramar. Hizo correr ríos de tinta y los más prestigiosos juristas de la época escribieron argumentados alegatos sobre el caso, que se vio en la Real Audiencia de A Coruña. "Un crimen cuyo ruidoso estrépito resonó no solo en los continentes de este Reino, i bastos dominios de nuestra España, cuanto por demás límites de nuestra Europa", según el relato acusatorio del fiscal José Antonio Giraldo.

Motivos pasionales y económicos se mezclaron en el novelesco caso. Las principales sospechas de la muerte violenta del marqués recayeron sobre su mujer y sus dos hijos, aunque finalmente fueron declarados culpables los caseros que, vencidos por las torturas, confesaron ser los autores de un crimen que tuvo origen en una larga historia de vejaciones, celos y pobreza, y en una herencia envenenada.

Benito Alonso Enríquez y Sarmiento tenía 57 años y había cedido sus títulos de marqués de Valladares y vizconde de Meira a su primogénito, Javier, de 23. Aquel día de julio de 1757 había salido de casa para encontrarse con Josefa Baamonde y no se supo más hasta que, un año después, tras una concienzuda búsqueda, encontraron su cadáver en una cámara oculta de su casa. Como consecuencia del hallazgo, fueron apresados su mujer, Isabel Sanjurjo Galloso y Montenegro, y los hijos del matrimonio, Javier y Gaspar, además de los caseros y muchas personas más.

La violenta muerte del viejo marqués, en su propia cama, fue al parecer fruto de una acción combinada y planeada con premeditación y alevosía. Con la complicidad del casero, llamado Silvestre Bernárdez, fue herido a mazazos en la cabeza y, finalmente, ahorcado. La inquina venía de tiempo atrás y estaba relacionada con su comportamiento disoluto, considerada atentatoria contra la continuidad de la casa de Valladares.

Los reiterados malos tratos a su esposa y el hecho de estar públicamente amancebado con una mujer casada, llevaron a su esposa a denunciarlo en distintas ocasiones y a perdonarlo otras tantas hasta que los celos pudieron con ella, pues el marqués recaía en su pertinaz querencia por mujeres ajenas.

Debido a tal comportamiento, don Benito padeció largos encierros carcelarios -en el castillo de San Antón, en A Coruña; en Valladolid y hasta en el lejano Orán- y penalidades varias por falta de medios económicos que le llevaron incluso a mendigar el sustento porque ni ropa tenía con que cubrirse.

En 1751, su primogénito, tras casar con Juana de Puga Villamarín, litigó contra su padre por los títulos y la jurisdicción. Ganó el pleito. Sin embargo, montó en cólera al comprobar que el patriarca de los Valladares y Meis no solo le cedía todos los vínculos y mayorazgos a su hijo, sino también "otras futuras sucesiones".

Ante tal decisión, Javier acudió al rey en busca de justicia, alegando que "es público y notorio en todo el Reino de Galicia (...) que dicho D. Benito Alonso, con su vida inquieta, disipó, perdió i aniquiló su Casa nativa", con lo que sus rentas eran casi inexistentes.

Seis años después, el viejo marqués fue asesinado en un complot y, como en las mejores novelas de suspense, no hubo testigos y todos los de su alrededor se convirtieron en sospechosos del crimen, en primer lugar su propia familia.

El joven marqués de Valladares, principal acusado del parricidio y heredero de la víctima, encargó su defensa al abogado Vicente Álvarez de Neira, uno de los de mayor prestigio en Galicia.

Álvarez de Neira consiguió demostrar la inocencia de Javier Enríquez Sanjurjo, que pudo disfrutar del mayorazgo y de sus derechos jurisdiccionales hasta el fin de sus días, mientras que su madre y su hermano -encarcelados en una insalubre celda del castillo de San Antón-, murieron durante el proceso judicial, que acabó culpando del crimen a los caseros.

Para que nada faltase, hubo una sonada y masiva fuga en la cárcel de la Audiencia, y a la huida de los presos por el crimen se sumaron otros reos ajenos a él. La evasión contó, al parecer, con la complicidad de ciertas autoridades.

El proceso fue costosísimo, pues duró varios años. Declararon 166 personas de toda clase y condición y originó amplia literatura procesal. A medida que se iba publicando la investigación cambiaba el rumbo de las pesquisas, por la aparición de nuevos datos, de modo que la causa era leída como una novela por entregas. Los interrogatorios y las pruebas presentadas aportaron, por otra parte, una valiosa información sobre la forma de vida de la nobleza hidalga en Galicia.

Bernardo Herbella de Puga -escritor y jurista del Colegio Profesional de A Coruña y relator da Real Audiencia de Galicia- llevó a cabo la redacción de la causa, que se publicó como Memorial ajustado de la Causa pendiente en la Sala de Crimen de la Real Audiencia del Reino de Galicia sobre la violenta muerte de Don Benito Alonso Enríquez? i que siguen los Fiscales de su Maestad [sic] contra D. Xavier Enríquez, Marqués de Valladares.

El memorial contiene la defensa del marqués por el mencionado Álvarez de Neira; la de los caseros, ejercida por Diego Vázquez de Salinas, y la acusación del fiscal, José Antonio Giraldo.

Las fuentes son confusas y contradictorias pero se dice que Javier Enríquez, quinto marqués de Valladares, llegó a ser alcalde de Vigo y que en el censo de 1764 figuraba como el hombre más rico de la ciudad, un puesto que habría perdido la familia en la siguiente generación con la llegada de industriales catalanes. La genealogía indica que fue senador del Reino por Lugo y que murió en Ourense.