Garbiñe Biurrun ingresó en la carrera judicial en 1987 e inició su andadura profesional en el Juzgado de primera instancia de Tolosa (Guipúzcoa). Desde ese momento ingresó en la asociación Jueces para la Democracia. En 1989 ascendió a magistrada y se hizo cargo del Juzgado de lo social número 3 de San Sebastián. En 1998 se trasladó a la plaza de magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que preside desde 2009. En 2014 renovó el cargo.

-Hubo una movilización frente al Tribunal Supremo por el impuesto de las hipotecas; la sentencia de La Manada sacó a la gente a la calle... ¿Pasa la justicia española por una crisis de confianza ante los ojos de la ciudadanía?

-Seguramente estemos ante el momento más crítico en cuanto a credibilidad de la justicia entre los ciudadanos. Es una sensación generalizada que viene motivada por fallos como el de La Manada, Cataluña, la sentencia del Tribunal Europeo que dice que Otegi no tuvo un juicio justo...

-Una de las decisiones recientes que más han escocido en la calle es la marcha atrás del Tribunal Supremo en el caso del impuesto de las hipotecas. ¿Entiende que España piense que los jueces rectifican por presiones?

-No puedo saber si ha habido presiones directas o indirectas hacia la Sala Tercera del Tribunal Supremo o a determinadas personas o cargos de esa sala, pero, si no las ha habido, se le parece bastante. La nota de prensa de su presidente, Díez-Picazo, en la que aludía a los efectos tan relevantes y la grave repercusión que iba a tener que los bancos tuviesen que asumir ese gasto nos sumió a todos en una gran perplejidad. Entiendo que la ciudadanía piense que han podido ocurrir cosas. Creo que la justicia no debe responder teniendo en cuenta la repercusión de sus resoluciones, sino en base a su aplicación cabal.

-Otro fallo muy discutido, el de La Manada. ¿Qué le pareció la decisión de la Audiencia Provincial de Navarra?

-Creo que la sentencia contiene, en mi opinión, una importante incoherencia. Leí los hechos que la sentencia relata como probados, y a mí, así leídos, me parece que describen una situación clarísimamente intimidatoria. Creo que se ha hecho un gran trabajo en los hechos probados, pero una vez determinados no los califica correctamente. Veremos qué pasa con los recursos.

-¿Entiende la posterior reacción?

-Fue inédita, pero esperable. Creo que no era una reivindicación de más castigo o más años de prisión, sino de comprensión de lo que es una mujer sometida a una situación de esa naturaleza. Tenía mucho que ver con la calificación del delito. Además, esto tuvo lugar un mes y medio después de las movilizaciones del 8 de Marzo, por lo que ya había un ambiente muy propicio.

-Además de por la calle, la decisión judicial fue también criticada por políticos. ¿Eso también le pareció esperable?

-Entiendo que fue un paso más en esas reivindicaciones. También considero que algunos casos, como que el ministro de Justicia (por aquel entonces el popular Rafael Catalá) girase su mirada hacia el juez que había hecho el voto particular, estuvieron mal hechos. Por otro lado, hubo una reacción judicial, de las asociaciones, que creo que fue más bien corporativista. Pero la reacción de la ciudadanía no sólo es comprensible, sino deseable.

-En lo que va de año España cuenta 87 muertes por casos de violencia contra la mujer. ¿Está respondiendo la justicia ante este problema?

-En los últimos tiempos se han producido acontecimientos que hacen imprescindible reflexionar sobre si se está respondiendo bien. Pero, desde luego, esa respuesta está siendo insuficiente o no lo suficientemente eficaz. Siempre hay hechos imprevisibles, pero lo terrible es cuando, de alguna manera, el sistema, entendiéndolo como todo el entramado institucional, no es capaz, por falta de medios, de dar una respuesta eficaz a este problema.

-¿Es un problema exclusivo de leyes?

-No, desde luego es poliédrico. Si lo fiamos todo al Código Penal, sólo tendremos una respuesta al problema. Pero hay que encontrar también una respuesta educacional, de protección, social... No hay que obviar que la respuesta penal siempre será insuficiente, ya que es tardía, cuando los hechos se han cometido.