24 de septiembre de 2020
24.09.2020
La Opinión de A Coruña
Juan Luis Requejo Pages | Letrado del Tribunal de Justicia de la UE

"Los estados son inoperantes ante las plataformas digitales, no son enemigo para estos colosos"

"La mejor defensa contra el capitalismo digital es un ciudadano con espíritu crítico"

24.09.2020 | 01:30
Juan Luis Requejo Pagés.

Juan Luis Requejo Pagés es letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en Luxemburgo. Acaba de publicar el ensayo La agonía de la democracia (KRK), donde analiza el declive que se está produciendo de la democracia moderna, "es decir, la democracia representativa ordenada al fin de la libertad individual, con su variable social característica del modelo europeo". En esta entrevista, el autor analiza por qué la democracia está sucumbiendo bajo "la vocación totalitaria del capitalismo digital".

La democracia agoniza, si no he leído mal en su libro, por culpa de dos enemigos: el "Leviatán digital" y el auge de la llamada "democracia directa". ¿Cuál de los dos es peor?

No son los únicos, pero sí los más temibles. En realidad, van de la mano. El mito de la democracia directa se alimenta de las posibilidades abiertas por la revolución digital. Y el nuevo Leviatán está en condiciones de pervertir todos los procedimientos democráticos. Entre aquel mito y ese monstruo queda poco espacio para la democracia representativa, que es la única democracia real.

Usted argumenta que el auge de la "democracia directa" es la muerte de la democracia real. ¿Cómo es eso posible? ¿No le estamos dando más poder al pueblo y no consiste en eso lo que entendemos por democracia?

La única democracia posible es la que se atiene a la legalidad y respeta, por tanto, unos límites que nadie puede ignorar. Ni siquiera el pueblo, que solo lo es en la medida en que se manifiesta a través de los cauces establecidos por la ley. Fuera de la ley no hay democracia, sino el caos, la tiranía o el terror. El mito de la democracia directa propugna una sociedad en la que todos deciden sobre todo y lo hacen, además, todo el tiempo. En realidad, solo decidirían quienes tuvieran tiempo y paciencia para dedicarse al cien por cien a los asuntos públicos. ¿En qué queda la libertad de quien quiere dedicarse a sus propios asuntos y confiar a sus representantes la gestión de la cosa pública? Esa libertad solo es posible en la democracia representativa. La democracia directa conduce a una de dos tiranías: a la que nos obliga a todos a participar activamente en la gestión de todos los asuntos públicos o a la que nos somete a lo que decidan quienes, por el hecho de participar en esa gestión, se reservan la condición de "pueblo".

¿Cuando decidimos que las bases de los partidos lo decidieran todo empezamos a destruir a los partidos políticos y, por ende, la democracia? ¿Qué tiene usted contra que decidan los militantes?

Lo mismo que tengo contra el abuso del referéndum. En ambos casos se trata, sobre todo, de trasladar la responsabilidad de decidir sobre cuestiones relevantes a quienes no pueden ser hechos responsables. ¿Quién responde por el resultado del referéndum sobre el Brexit? Ni siquiera quien lo convocó. Los llamados "responsables políticos" procuran asumir cada vez menos responsabilidades. Antes de arrostrar las consecuencias de una decisión grave prefieren que decidan los militantes o los electores. Pero hay asuntos que no pueden resolverse en los términos simplistas de un "sí" o un "no", salvo que se simplifiquen tanto que no puedan ser objeto de una decisión racional, sino de la inspirada por la pasión o los prejuicios. Los dirigentes de una democracia no solo están legitimados para mandar. Están obligados a hacerlo. Y a responder por sus decisiones, sin que puedan excusarse en la conveniencia de ceder la palabra al pueblo. El pueblo no está para cualquier cosa. Y está bien que los militantes decidan la suerte de su partido, pero no cuando se compromete con ello la gestión de los asuntos públicos, que son de todos.

Hay quien le puede recriminar a usted que, al cuestionar el recurso a las bases de los partidos como fórmula de "regeneración democrática", está defendiendo a la "casta" que manda en las estructuras de las formaciones políticas? ¿Es así?

En un sistema democrático no hay "castas". Hay dirigentes políticos a los que cabe agrupar, genéricamente, en el concepto de "clase política". Una "clase política" abierta a cuantos pretendan incorporarse a ella mediante las instituciones de participación política que son los partidos o las agrupaciones de electores. El sistema es tan razonablemente abierto que hoy gobiernan en muchos sitios quienes cada vez tienen menos razones para considerarse "antisistema". Luego hay clases políticas mejores o peores, en función del pueblo del que proceden. Porque en una democracia el pueblo tiene el gobierno que se merece.

Frente al recurso emocional a "la voz del pueblo", usted hace una defensa del procedimiento legislativo democrático tradicional que, supuestamente, era fruto de un debate racional. ¿Pero no están los repre sentantes políticos inmersos en un cruce de intereses personales, electorales o de grupos sociales o empresariales? ¿No está ahí también parte del descrédito de las distintas democracias occidentales?

El pueblo no puede tener otra voz que la que habla por la boca de la ley. Ni siquiera por la de las urnas, pues en estas solo habla el cuerpo electoral, que se parece al pueblo pero no es lo mismo. Y la ley es fruto de un procedimiento que, en la democracia, cuenta con el concurso de quienes estarán obligados a obedecerla. El pueblo democrático no es el que habla al margen o por encima de la ley, sino el que participa en el procedimiento legislativo a través de sus representantes y consiente así en someterse a la ley aprobada por la mayoría. Idealmente, ese procedimiento se concibe como el cauce para un debate racional que ha de permitir la composición de intereses particulares en beneficio del interés general. Que en el Parlamento se enfrenten, incluso con virulencia, ideas e intereses particulares y hasta egoístas, lejos de ser un problema, es muy saludable. En otro caso, el Parlamento sería ajeno a la realidad de la sociedad a la que representa. Lo que importa es que no falte la voluntad última de reducir esa diversidad de intereses a la unidad de una ley que sea expresión de una genuina voluntad general. Parte del descrédito al que se refiere su pregunta tiene que ver con la sensación de que esa voluntad de acuerdo y de concordia es cada vez más escasa.

Usted escribe que la digitalización de nuestra sociedad "hace necesaria una verdadera reconstrucción intelectual del mundo". ¿Tanto nos está cambiando? ¿Somos conscientes de ello, del poder adictivo y predictivo de esa tecnología?

Nos desenvolvemos en el universo digital con categorías intelectuales construidas en el universo analógico, que era el de la racionalidad regida por el principio de causalidad, perfectamente inútil en el mundo de la realidad virtual, donde rige una racionalidad puramente inductiva, basada en el principio de correlación. Este principio permite analizar fenómenos muy complejos sin necesidad de comprender sus causas, pero alcanzando lo más parecido a la certidumbre en cuanto a sus consecuencias. Para moverse con alguna seguridad en el universo digital hace falta una nueva "concepción del mundo". El problema es que eso no se improvisa, porque es una tarea que equivale a una nueva civilización.

¿Por qué el Big data destruye la democracia, como usted escribe?

Porque quienes lo manejan se han hecho con el control de la "mano invisible". Los gestores de las grandes plataformas digitales saben lo que somos, lo que hacemos y lo que queremos. Con ello, gracias a los famosos algoritmos, pueden saber también lo que querremos antes de que nosotros mismos lo sepamos. Más aun, no solo son capaces de anticipar nuestra conducta, sino también de estimularla y dirigirla. Desde las plataformas puede estimularse o inhibirse la participación electoral en función de las expectativas de voto en las diferentes circunscripciones. Por no hablar de la destrucción del espacio público compartido que ha supuesto la irrupción de las redes sociales, que han creado verdaderos universos paralelos en los que la gente no debate ni contrasta sus ideas, sino que confirma sus prejuicios y sus opiniones para, pertrechada de sus razones, lanzarse al espacio público a la caza del disidente.

Es sorprendente la comparación histórica que usted hace. Dice que somos como los campesinos de la guerra de los Treinta Años, que "ignoraban de dónde podría venirles el mal que tantos administraban". ¿Tan mal estamos?

Lo que nos une al campesino centroeuropeo que padeció aquella guerra es, sobre todo, la ignorancia del mal que nos acecha. Aquel campesino no sabía si quien terminaría con su vida o con su hacienda serían las tropas del príncipe, las del emperador, las del obispo o las de los proscritos. Nosotros ignoramos quién tiene nuestros datos y lo que hace con ellos.

Usted hace un análisis demoledor: el Estado de Derecho, arrollado por el poder de las plataformas tecnológicas. Mark Zuckerberg, pasándose por el arco del triunfo las constituciones de todo el mundo. ¿Es así? ¿Un soberano digital nos gobierna sin nosotros saberlo?

Las dimensiones del mundo digital son, rigurosamente, universales. Frente a las grandes plataformas, los estados nacionales clásicos son inoperantes. Países como España, Francia o, incluso, Alemania no son enemigo para esos colosos. A día de hoy, solo entidades como la Unión Europea son capaces de imponerles algún límite. Pero si el poder de las plataformas sigue creciendo, la Unión también se quedará pequeña, al igual que los Estados Unidos. A la larga, solo quedará China para plantarles cara. Y entonces será de temer que, en vez de combatirse, ambos Leviatanes decidan asociarse.

¿Aún se puede, en este contexto de capitalismo de vigilancia, evitar la transformación del ciudadano en ciego consumidor azuzado por algoritmos?

Me cuesta ser optimista, pero estamos obligados a serlo. El problema es que el consumidor no se siente azuzado, sino muy satisfecho. Le pesa más el beneficio inmediato del placer del consumo que el precio que tiene que pagar por ello. No es consciente de que el precio es su propia libertad porque actúa persuadido de que actúa libremente. Y no sabe hasta qué punto se equivoca.

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