Un condenado por el crimen de Ponteceso dice que no lo planeó y recurre al Supremo

El joven condenado a 27 años de cárcel por disparar a bocajarro a un conductor cuando circulaba con su vehículo por la carretera que une Agualada con Buño recurrió ante el Tribunal Supremo la sentencia. El letrado del procesado subraya que su cliente, Iván A.B., no premeditó la muerte de la víctima, tal y como aseguran los magistrados de la sección primera de la Audiencia en el fallo judicial. El imputado, que está en prisión desde 2004, fecha en la que se cometió el crimen, fue condenado por asesinato porque los jueces consideraron que había matado al joven con alevosía. "La propia sentencia dice que la intención de los tres condenados era realizar una serie de actos delictivos como robo u otros, por lo que nunca podrían premeditar la muerte violenta de la víctima, por lo que esa muerte no puede ser considerada como un asesinato", recalca el letrado que ejerce la defensa de Iván A.B., Víctor Espinosa, quien también destaca en el recurso de casación que presentó ante el Tribunal Supremo que la pistola con la que disparó su cliente estaba "deteriorada" y que el tiro entró "por el cuello" de la víctima. La acompañante del fallecido -afirma Espinosa- no recuerda que se produjese el disparo, algo que concuerda "con una detonación defectuosa y fortuita del arma".

Iván A.B. fue la persona que apretó el gatillo de la pistola, según la sentencia, pero el joven iba acompañado de otras dos personas, que también fueron condenadas a 27 años de prisión. Los procesados robaron un coche y se cruzaron en la carretera con el de la víctima, a la que obligaron a detener el turismo para robarle. "Era prácticamente imposible prever el lugar concreto y preciso en que podrían coincidir los vehículos", asegura la defensa de Iván A.B..

El letrado del joven destaca que en el fallo emitido por los magistrados de la Audiencia Provincial se hace "un relato vago y genérico de la supuesta actuación de cada uno de los tres condenados por la muerte de la víctima" y que la sentencia no acredita la autoría de Iván A.B., que siempre negó su participación en los hechos. Los restos de sangre que se encontraron en el domicilio donde residía el condenado por asesinato, según su abogado, pudieron ser introducidos en él porque el imputado tiene una "vida marginal" y suele vivir "en poblados de chabolas, sin domicilio concreto".

Los otros dos procesados por el crimen de Ponteceso, cometido en junio de 2006, también recurrieron la sentencia ante el Tribunal Supremo. La defensa de los hermanos condenados a 27 años de cárcel, Manuel Ferreiro, sostiene que la sala tuvo en cuenta pruebas "viciadas" que fueron obtenidas con "presiones". Además, recalca, al igual que el letrado de Iván A.B., que el fallo judicial es "poco concreto" en alguno de sus puntos. Ferreiro afirma que la "única prueba" contra sus representados son las declaraciones que prestaron ante la Guardia Civil, en las que reconocieron los hechos. Los testimonios, según el abogado, no pueden ser tenidos en cuenta porque están "viciados" por la forma en que se tomaron.