El Depósito Franco funciona con normalidad pese a la amenaza de cierre
La Autoridad Portuaria había puesto como fecha límite el 31 de diciembre para que los usuarios del almacén del muelle de San Diego dejasen de trabajar con aceite para barcos

Un operario trabaja en el almacén de aceite del Depósito Franco. / fran martínez
Gemma Malvido | A Coruña
Los empresarios que almacenan aceite en el Depósito Franco del muelle de San Diego lo siguen haciendo con normalidad a pesar de que la Autoridad Portuaria anunció que, a partir del 31 de diciembre, no permitiría que los empresarios continuasen con su labor. Una orden que los usuarios de la zona franca desoyeron y a la que no harán caso hasta que el Puerto les ofrezca una alternativa al cierre del almacén.
La empresa consultora KPMG, que ocupa el puesto del antiguo secretario del Consorcio de Empresarios del Depósito Franco, Ramón Talín, -sustituido de su puesto el 17 de noviembre del año pasado por su oposición al cierre de la nave- ha preguntado a cada uno de los usuarios del depósito cuál es el volumen de negocio que tiene previsto para el 2009 y, sobre este estudio, ofrecerá a los empresarios una solución para el almacenaje de sus productos y para la realización de compras y ventas exentas de impuestos. La consultora KPMG ya había trabajado con anterioridad para la Autoridad Portuaria, de hecho, fue la empresa que realizó el estudio de viabilidad -por el que el Puerto pagó 20.000 euros- que decía que el Depósito Franco llevaba tres años generando pérdidas y sobre el que se ha escudado la Administración para ejecutar el cierre del almacén.
Los usuarios del depósito ya han rechazado en otras ocasiones las alternativas que les han llegado desde la Autoridad Portuaria, como la de ocupar las chabolas que los armadores tienen en los muelles. En la nave franca, que cuenta con 4.000 metros cuadrados, los 16 empresarios afectados por el cierre del depósito almacenan, entre otros materiales, aceite para barcos y redes; dos materiales que no se pueden guardar en las mismas dependencias porque hay una ley sanitaria que lo prohibe. Otra de las alternativas que no han acatado los empresarios es la de negociar con los responsables de la empresa DDI Macogasa su traslado a una nave congeladora que tiene la factoría en San Diego, porque no es apta para el almacenaje de aceite.
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