Cruce de intereses

La retirada del plan sectorial de Vivenda, que preveía la construcción de 2.805 pisos protegidos en el plazo de nueve años, no sólo ha sido acogida con alivio entre los vecinos afectados, sino también entre ciertas promotoras vinculadas a ediles del Gobierno local y con intereses inmobiliarios en las bolsas de suelo fijadas por la Xunta.

Es el caso de la empresa Pricec SL, una promotora presidida por José Manuel López Rodríguez, sobrino del edil de Medio Ambiente, Manuel López Torres, y en la que ocupaba el puesto de consejero delegado un antiguo edil del PSOE, Ramón Iglesias Maceiras. Esta empresa llegó hace seis años a un acuerdo con el Ayuntamiento de Arteixo para edificar en el área conocida como Camiño dos Cabalos a cambio de la cesión de ciertos terrenos en el paseo fluvial.

Este convenio fue suscrito el 30 de diciembre de 2002, año en el que Manuel Pose Miñones ostentaba el bastón de mando y Manuel López Torres, edil de Te Ga, formaba parte todavía del PP y compaginaba su labor política con la dirección de una promotora de carácter familiar, Manuel López Torres SL. El acuerdo urbanístico fue objeto de ciertos reparos por parte del interventor municipal, que advirtió ya en aquel momento al Ejecutivo local de la inconveniencia de obtener las parcelas colindantes con el paseo fluvial a cambio de contraprestaciones futuras. "El Ayuntamiento compromete contraprestaciones de las que todavía no es titular, limitando las posibilidades futuras de su gestión", advertía en un informe.

El interventor municipal argumentaba que, de incumplirse el acuerdo, el Ayuntamiento debería indemnizar en metálico a la promotora Pricec SL, por lo que no se trataba "simplemente de una redistribución de aprovechamientos sin coste adicional", como se afirmaba en el informe técnico-jurídico que acompañaba la propuesta.

Los reparos de Intervención no convencieron al Ejecutivo local que aprobó por unanimidad la propuesta en comisión de gobierno.

El BNG, única formación que respaldó el plan sectorial, denunció la existencia de otros convenios similares. "La postura del Concello nada tiene que ver con el interés general", criticó la edil Silvia Seixas.