Las ayudas de la discordia

Mientras que la Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos afirma que no fue de su responsabilidad el detallar una lista de perceptores de ayudas compensatorias a mariscadores y pescadores afectados por las obras de construcción del puerto exterior de punta Langosteira, y que se limitó exclusivamente a mediar para que la Autoridad Portuaria de A Coruña librara la cantidad a distribuir, el sindicato nacionalista CIG asegura actuar de acuerdo con los criterios establecidos en el convenio entre la Consellería de Pesca y la Autoridad Portuaria.

Por tanto, serían "criterios de la Consellería de Pesca y no de la CIG", según el responsable de este sindicato en A Coruña, Paulo Carril, para quien resulta evidente que "se trata, ahora, de ensombrecer el éxito que significa para los trabajadores del mar" haber obtenido esas compensaciones que, en el caso de nuevas obras en puertos como los de Sada, Muxía, etc., tendrían que abonarse asimismo a los marineros y mariscadores que pudieran verse en una situación similar a la de sus homólogos de punta Langosteira.

Para el sindicato nacionalista no hay dudas: "Cobran todos los que, en 2005, reclamaron a la Autoridad Portuaria por los daños ocasionados a su actividad debido a las obras de construcción del puerto exterior. Quien no ejerció su derecho a reclamar, no puede ser reconocido ahora como afectado". Y las cantidades estipuladas, señala Paulo Carril, "sólo las perciben los que, previo cotejo de la Consellería de Pesca, acreditan estar en activo como pescador, armador o mariscador".

Toda esta problemática se desarrolla actualmente por las acusaciones de algunos afectados de que el sindicato CIG obra en función de sus intereses, distribuyendo las cantidades "a su libre albedrío", cuestión esta que niega Paulo Carril, quien apela al reconocimiento de los perjuicios: Estos son más evidentes en los sectores más específicos, como los ouriceiros, percebeiros y los dedicados a la extracción de poliquetos. Afirma el responsable de CIG en la comarca coruñesa que, mientras la pesca de bajura pudo haber derivado en un momento determinado a otras zonas de pesca quizás no tan rentables como la de punta Langosteira, los percebeiros han tenido que amoldarse a sus escasas capturas, no más allá de un 18% de lo que antes de las obras extraían de las rocas del cabo.

Son 4,5 millones de euros los que se reparten entre los 200 perjudicados. Y para repartir estas compensaciones, se aplican baremos que van desde los tiempos fijados en las reclamaciones, a los que se pueden justificar como los de paralización de la actividad y que se hace reflejar como "paro biológico". En este sentido, se culpa también al sindicato nacionalista de haberse beneficiado de ese reparto en una cantidad de aproximadamente 400.000 euros. Según ha podido saber LA OPINIÓN, el sindicato percibe un 7% -similar a los emolumentos que fijan las demás centrales sindicales- del total indemnizatorio en cualquier reclamación que llega a la vía judicial.

En ese porcentaje se incluyen gastos de abogados, de movilizaciones, multas, etc. que, en el caso de la CIG, han sido muy habituales dada la presencia constante de pescadores y mariscadores en la calle, sedes administrativas del Puerto, Consellería de Pesca, etc. Según ha trascendido, ningún afectado pagó cantidad alguna hasta que se hizo efectivo el cobro del cheque con el que la Autoridad Portuaria les viene compensando económicamente.

Los disconformes con el reparto -según la Conferencia Intersindical Galega son sólo dos de un colectivo de más de 200- anuncian la presentación de una demanda contra el sindicato. Alegan que "aquí cobra cada uno lo que la CIG quiere, a través de la asociación O Noso Mar", creada para poder recibir esas ayudas.