El Superior anula la primera licencia de obra de Porto Brasa

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha anulado dos acuerdos adoptados en el año 2000 por el Gobierno local de Sada a través de los que se concedía licencia urbanística a la constructora Gervasio Carballo Brasa e Hijos SL para la construcción de la urbanización Porto Brasa, junto al cementerio municipal.

Los magistrados del TSXG dan la razón a un vecino que en octubre de 2003 denunció una serie de ilegalidades en el Estudio de Detalle presentado por la empresa y aprobado por el pleno de la Corporación -con ocho votos a favor del PP-. "El Estudio de Detalle contiene una verdadera parcelación y una apertura de vías públicas que exceden de las posibilidades reconocidas a dicho instrumento", indica la sentencia. Por considerarlos contrarios a derecho, el TSXG anula este acuerdo plenario, adoptado en noviembre de 2000, así como la posterior comisión de gobierno que otorgó la licencia de obra en diciembre del mismo año.

El Tribunal apunta además que en la documentación remitida no existe "un documento tan esencial como el propio proyecto en base al cual se haya podido otorgar dicha licencia, ni constan resueltos los aspectos vinculados a la urbanización, mientras que sí figura informe del aparejador municipal de 15 de abril de 2002 en el que se denuncian desviaciones en las obras".

La actual edil de Urbanismo, María Xosé Carnota, recuerda que cuando el BNG entró en el Gobierno local en 2002 paralizó la obra y solicitó un Reformado del Estudio Detalle que fue presentado por la empresa y aprobado provisionalmente por el Concello. El plazo de alegaciones no se resolvió y no se alcanzó una aprobación definitiva hasta que en 2005 el PDSP, alegando silencio administrativo en la resolución de las alegaciones, le otorgó una nueva licencia de obra. El TSXG dice, con respecto a este punto, que el nuevo otorgamiento "precisamente parece revelar la falta de idoneidad del efectuado en fecha 11 de diciembre de 2000".

María Xosé Carnota llama la atención sobre el hecho de que la sentencia sólo anula el primer Estudio de Detalle y la primera licencia, no así el Reformado presentado en 2002 y la licencia concedida en 2005. Por ello, el Ayuntamiento de Sada prefiere esperar a que la sentencia, que es recurrible ante el Tribunal Supremo, sea dictada en firme para analizar la situación y las medidas a adoptar "en base a los intereses municipales y a los de los particulares que adquirieron las viviendas" y que ya se han puesto en contacto con el departamento local de Urbanismo.

Carnota explica que existen particulares afectados, aunque no debería haber residentes en la urbanización de quince chalés unifamiliares, ya que el actual Gobierno nacionalista denegó la licencia de primera ocupación solicitada.

Por otra parte, la concejal de Urbanismo responsabiliza de esta actuación al ex regidor sadense Ramón Rodríguez Ares y a su gestión urbanística en el municipio, que califica de "nefasta".

Las irregularidades en la construcción de esta urbanización fueron denunciadas por varios vecinos y políticos. Entre ellos, la ex edil Elena Ramallo alertó a los ciudadanos sobre esta situación a través de LA OPINIÓN "para evitar que compren propiedades en estas obras y puedan caer en situaciones de indefensión, por si pesan sobre ellas sentencias que las ilegalizan". Estas declaraciones supusieron a la ex concejal una querella criminal por injurias y calumnias interpuesta por el constructor de la urbanización Porto Brasa.