El alojamiento de los universitarios

Urbanismo prevé que varios galpones de A Zapateira sean legalizados

Algunas infraviviendas fueron construidas con licencia municipal hace más de 20 años

José Manuel Gutiérrez | A Coruña

El Gobierno local prevé que algunas de las construcciones existentes en A Zapateira en las que residen estudiantes universitarios puedan ser legalizadas, según se desprende de las alegaciones presentadas por sus propietarios al expediente abierto por el Ayuntamiento. La concejal de Urbanismo, Mar Barcón, calcula que los trámites podrán estar terminados en el plazo de unos diez días, momento en el que se tomarán las acciones oportunas contra las infraviviendas que no cumplan la legislación.

Barcón explicó que en la actualidad los técnicos municipales proceden a examinar las alegaciones presentadas por los propietarios de las edificaciones dedicadas al alojamiento de universitarios, en las que comprueban no si los documentos aportados son auténticos, sino si su contenido puede autorizar el uso de las construcciones como residencias.

La responsable de Urbanismo señala que dos viviendas fueron levantadas en los años cincuenta y hace ya más de dos décadas solicitaron una licencia para su reforma, momento en el que se incorporaron los módulos que sirven de alojamiento a los estudiantes. A estas edificaciones se unen otras que están legalizadas como viviendas desde el momento de su construcción, por lo que se sospecha que no tendrán problemas para mantener su actividad.

"Hay casos diferentes, porque alguno tendrá todos los papeles, mientras que en otros no será legalizable su uso como vivienda y en otros sólo lo será la construcción", comenta Mar Barcón para exponer la variedad de situaciones que están encontrando los técnicos de Urbanismo.

La actuación del Ayuntamiento se ciñe únicamente a la legalidad urbanística de estas construcciones, puesto que es el Ministerio de Hacienda el encargado de investigar si los propietarios de las residencias han declarado esta actividad económica. Barcón detalló que Hacienda en un primer momento solicitó de forma oficiosa al Concello información sobre los galpones y posteriormente la reclamó de forma oficial, tras lo que se informó a este departamento que recibirá todos los expedientes abiertos sobre estas edificaciones.

Tras conocer la existencia de estas infraviviendas, la Concejalía de Urbanismo ordenó la apertura de once expedientes sancionadores a sus propietarios, una vez que comprobó que carecían de licencia para desarrollar esta actividad. Barcón explicó entonces que el Ayuntamiento no ordenaría de inmediato el derribo de ningún galpón, puesto que sus dueños podrían solicitar su legalización, aunque aquellos que no pudieran serlo tendrían que ser demolidos.

Pero la desaparición de estas viviendas puede todavía retrasarse más, ya que los afectados tienen la opción de recurrir a la vía contencioso administrativa en caso de considerarse perjudicados por la decisión que tome el Gobierno municipal.

La vía penal está prácticamente cerrada en este caso, puesto que la Fiscalía Superior de Galicia ya comunicó en su día que no apreciaba indicios de delito en la existencia de estos galpones. La única posibilidad de abrir un procedimiento de este tipo se produciría si se comprobase que alguna de estas edificaciones se ha levantado sobre suelo rústico.

La existencia de las infraviviendas de A Zapateira fue desvelada por un estudio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura que fue hecho público el pasado 31 de octubre. En ese trabajo, elaborado por los alumnos, se detalla la presencia de 150 habitáculos que sirven de residencias a otros tantos estudiantes.

Los galpones tienen superficies comprendidas entre los 12 y los 18 metros cuadrados y en su mayor parte se encuentran dentro de fincas en las que la construcción principal es un chalé, en muchos casos de un alto nivel inmobiliario. El estudio detalla que las infraviviendas han sido construidas de forma que se intenta ocultar su visión desde el exterior de las fincas, para lo que se levantan altos muros que rodean las propiedades y se sitúan los galpones adosados a esos mismos cierres.

Las reducidas dimensiones de estos habitáculos hacen que su espacio sólo permita la instalación de una cama, una mesa, un lavabo y un hornillo. En cuanto al alquiler que abonan los universitarios por estos alojamientos, es de unos 10 euros por cada metro cuadrado, una cantidad que los hace accesibles a muchos jóvenes, pero que sólo les da derecho a unas condiciones de habitabilidad muy precarias.

La salida a la luz de estas edificaciones se produjo cuando la Universidad de A Coruña esperaba a que la Consellería de Política Territorial concediese la autorización para construir una residencia pública para estudiantes, tramitación en la que los responsables académicos criticaban la demora que se estaba produciendo. La polémica generada por los galpones dio sus frutos, puesto que unos días más tarde el departamento autonómico dirigido por María José Caride dio el visto bueno al proyecto residencial de la Universidad coruñesa.

Pero las disputas también se trasladaron al terreno político. En el Ayuntamiento, el PSOE aseguró desconocer que en A Zapateira existiesen estas construcciones, una posibilidad que el PP calificó de increíble, mientras que la concejal nacionalista Ermitas Valencia manifestaba que los galpones eran conocidos en la comunidad universitaria, lo que generó aún más cruces de acusaciones entre Gobierno local y oposición.

La ubicación del campus universitario en una zona de contacto con los municipios de Arteixo y Culleredo hizo que los responsables políticos de estas localidades investigarán la posible existencia de galpones en sus territorios, que más tarde descartaron.

En el seno de la Universidad, los estudiantes mostraron su preocupación por la intención del Concello de clausurar los alojamientos que carezcan de los permisos necesarios, ya que esta medida dejaría en la calle a sus actuales ocupantes. El rectorado expresó su disposición a prestar ayuda a los alumnos que se encuentren en esta situación, aunque la lentitud con la que se desarrolla el proceso administrativo para comprobar la legalidad de las infraviviendas hace suponer que los afectados dispondrán de tiempo suficiente para buscar una nueva residencia.

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