El Supremo estudia un recurso contra la Xunta por comprar una finca en Eirís

El Tribunal Supremo estudiará uno de los recursos presentados contra el Instituto Galego de Vivenda e Solo por el proceso que siguió para adquirir uno de los terrenos sobre los que se construirá el parque ofimático. El máximo órgano judicial admitió a trámite el escrito que presentó uno de los propietarios de una de las parcelas de la zona para que la Xunta le devuelva el terreno, ya que, según el afectado, no lo utilizará para el mismo uso para el que fue expropiado. El Gobierno autonómico y el Concello modificaron el proyecto, que iba a estar dedicado a servicios, y ampliaron su edificabilidad.

La decisión del alto tribunal sorprendió a los afectados porque los mismos magistrados que aceptaron investigar el proceso de adquisición de la finca rechazaron estudiar otros seis recursos idénticos. Es decir, el mismo tribunal aceptó un escrito igual a otros seis que había denegado. Todos ellos fueron presentados por el letrado Abraham Piñeiro, del despacho Massa y Piñeiro. Los jueces alegaron para rechazar las seis peticiones de casación que los perjudicados tenían que recurrir al Juzgado de lo Contencioso-administrativo, un trámite que no hicieron porque la Consellería de Vivenda e Solo los remitió al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

La parcela cuya compra estudiará el Supremo la adquirió el Instituto Galego de Vivenda e Solo en septiembre de 2003 por importe de 20.446 euros. El alto tribunal destaca en el auto que "no existen en las actuaciones datos ni elementos de juicio suficientes para poder determinar con exactitud" la cuantía del importe de la finca. La Xunta compró la parcela como terreno de labradío, pero en la actualidad cambió su calificación urbanística por la modificación del planeamiento general de la ciudad y la aprobación del plan parcial.

Las personas que entre 1993 y 1994 vendieron sus fincas al Instituto de Vivenda e Solo por 60 euros el metro cuadrado denuncian que fueron expropiadas porque todos vendieron por el mismo precio, los terrenos están situados en una zona determinada y aseguran que la Xunta elaboró una relación de afectados y que eligió un sistema de expropiación. Los perjudicados exigen que les devuelvan sus terrenos porque no van a ser utilizados para construir un parque ofimático, tal y como les había asegurado la Xunta y el Concello, sino para edificar viviendas en cuyos entresuelos se ubicarán oficinas.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dio la razón al Instituto de Vivenda e Solo porque entiende que las compraventas fueron libres y que no formaron parte de una expropiación. Los antiguos propietarios de los terrenos recurrieron al Supremo la decisión del alto tribunal gallego. El máximo órgano judicial rechazó las peticiones de seis de los afectados y aceptó estudiar la de uno, que era idéntica a la del resto de perjudicados. Los demandantes exigen la devolución de sus terrenos porque el uso del suelo cambió, ya que el espacio para empresas tecnológicas pasó a ser una zona residencial.

La Junta de Gobierno Local aprobó en 2007 el plan de urbanización de la zona, según el cual el proyecto se ejecutaría en 18 meses, por lo que el Concello preveía que se rematase en verano de este año. Las obras aún no se han iniciado. Los actuales propietarios de los terrenos, entre los que la Consellería de Vivenda e Solo es mayoritaria, sufragarán la urbanización, que tiene casi 40 hectáreas de terreno. Preparar las parcelas para la construcción de las viviendas requerirá una inversión de 56,18 millones. La urbanización se levantará al borde de la avenida de Alfonso Molina, entre Eirís y Matogrande, pero mirará a Elviña. El vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, y la conselleira de Vivenda, Teresa Táboas, presentaron en diciembre el proyecto, que incluye la conexión del polígono residencial con las facultades a través de un puente sobre Lavedra que entroncará con la avenida de la Universidad. El viaducto tendrá una estructura de hormigón con seis tirantes, una longitud de 65 metros, un ancho de 21 metros y dos carriles para cada sentido. El plazo de construcción del puente es de un año y el presupuesto, de 3,85 millones. En la urbanización se instalará una galería subterránea de servicios que permitirá reparar las canalizaciones de gas, telefonía, electricidad y agua sin necesidad de abrir zanjas en superficie.