Los jueces deciden por cuatro votos de diferencia secundar la huelga de febrero

Los jueces y magistrados de la provincia de A Coruña decidieron ayer por cuatro únicos votos de diferencia sumarse a la convocatoria de huelga para el próximo 18 de febrero. Un 46% se opuso. El resultado fue muy ajustado, de los 87 magistrados que ejercieron su derecho al voto -estaban convocados 111-, 44 se manifestaron a favor, 40 en contra y 3 se abstuvieron.

El apoyo a la tabla de reivindicaciones propuesta por los jueces decanos fue unánime, pero el debate surgió a la hora de fijar una fecha para la huelga, según explicó el decano de A Coruña, Antonio Fraga Mandián. Algunos magistrados, entre los que se encontraban los decanos asistentes, defendieron la convocatoria del 18 de febrero, mientras que otros asistentes manifestaron su desacuerdo con la fecha elegida, que consideran prematura.

La mayoría de los jueces que votaron en contra de la convocatoria de huelga preferían unirse a la propuesta de las cuatro asociaciones de jueces de España, que optan por dar más tiempo al Ministerio de Justicia para que responda a sus peticiones y, en caso de que no se produzcan avances, pensar en una convocatoria de huelga para el 26 de junio. Esta iniciativa, sin embargo, resultó insuficiente para la mayoría de los asistentes a la reunión.

La existencia del derecho de huelga para los jueces fue algo que no se discutió. Todos entendieron que pueden sumarse a este tipo de medida de presión, a pesar de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha insinuado que podría expedientar a quien opte por sumarse a los paros, ya que considera que los jueces españoles, como uno de los poderes del Estado, no tiene derecho a huelga.

De entre los asistentes que optaron por secundar la huelga de febrero y no dar más tiempo al Gobierno -entienden que sus reivindicaciones vienen de lejos y que el Ministerio ha tenido plazo de sobra para sacar adelante mejoras- se eligió el comité de huelga, formado por las siguientes personas: los jueces decanos de A Coruña, Ferrol y Santiago, Antonio Fraga Mandián, Alejandro Morán y Francisco Javier Míguez, respectivamente; el magistrado del Juzgado de lo Social número 1 de Ferrol, Alejandro Gracia; el magistrado de la Audiencia Provincial Dámaso Brañas; y el juez de Ortigueira Javier Tudela. Los magistrados del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) no participaron en la votación, aunque alguno de ellos asistió a la asamblea.

La principal protesta de los jueces se centra en la carga de trabajo. Reclaman por ello que España se homologue a la media europea de jueces por habitante. La ratio española es de 10,1 y la europea de 19,8. Reclaman también que se creen las unidades judiciales suficientes para poder cumplir con las cargas máximas de trabajo aprobadas por el CGPJ, que consideran demasiado elevadas. "Lo ideal sería rebajar estos módulos, pero por lo menos pedimos que se cumplan para poder dispensar una Justicia de calidad", indicó Fraga Mandián. Los jueces dan al Ministerio tres años para que cumpla este objetivo.

La revisión de la ley de retribuciones de la carrera judicial -que se tendría que haber hecho en 2008- y la asignación de recursos materiales, personales y técnicos son otras de sus peticiones.