La juez deja en libertad a los acusados de organizar bodas de conveniencia

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 7 ha decidido dejar en libertad a las dos parejas que permanecían en prisión desde el 27 de noviembre acusadas de organizar bodas de conveniencia entre hombres paquistaníes y mujeres coruñesas. La juez ya ha tomado declaración como imputados a los sacerdotes que oficiaron las ceremonias y a las mujeres que contrajeron matrimonio a cambio de dinero. Se han practicado también otras diligencias, como el vaciado del contenido de los ordenadores de los imputados.

Casi dos meses después de su ingreso en prisión, la juez ha entendido que el riesgo de que los acusados destruyan pruebas ha desaparecido, por lo que ayer comunicó a sus letrados, José Ramón Sierra y Diego Reboredo, su inminente puesta en libertad. En el auto firmado por la magistrada no se hace referencia a ninguna fianza, pero se exige que los sospechosos entreguen sus pasaportes y que acudan a firmar a los juzgados cada quince días. Las dos parejas están acusadas de haber pagado a las mujeres para que se casasen con ciudadanos extranjeros, a quienes cobraban por encontrarles pareja y por facilitarles los trámites de la boda. De esta forma, conseguían los permisos necesarios para residir y trabajar en España de forma legal.

La magistrada tomó declaración a cinco mujeres que reconocieron haber contraído matrimonio con los paquistaníes a cambio de dinero. Todas son chicas jóvenes, con pocos recursos económicos y, muchas de ellas, con hijos pequeños a su cargo. En su declaración, todas las chicas dijeron que no tienen ningún documento del enlace, ya que las personas que hablaron con ellas para ofrecerles este negocio no les dieron tras la boda el libro de familia. Con unas contactaron en la calle y con otras a través de un negocio que regentaban, según las declaraciones de las mujeres, que también contaron que tras la detención de las dos parejas han recibido llamadas o mensajes de sus maridos en los que les pedían que dijesen que los enlaces eran como consecuencia de una relación sentimental.

Según explicaron las mujeres en el juzgado, cobraron entre 1.000 y 3.000 euros por contraer matrimonio con un desconocido al que no han vuelto a ver. También prestó declaración, aunque en calidad de testigo, otra joven que se casó con un extranjero. La juez no le pudo imputar delito alguno porque es menor de edad, así que, de ser acusada, tendría que serlo por la Fiscalía de Menores. Las mujeres imputadas reconocieron que sabían que estaban cometiendo un delito por participar en una boda de conveniencia, pero, según dijeron, desconocían que estaba castigado con penas de cárcel. También prestaron declaración como imputados los párrocos que oficiaron los enlaces que están siendo investigados. Sostuvieron que los contrayentes presentaron toda la documentación en regla y que en ningún momento sospecharon de la intención de los extranjeros. Los paquistaníes tenían, además, autorización del Arzobispado de Santiago para casarse a pesar de no ser católicos. Cuatro de los seis sacerdotes pertenecen a las parroquias de San Luis Gonzaga, Vilaboa, Sigrás y Guísamo. La juez decidirá si archiva la causa contra ellos cuando dé por finalizada la investigación y envíe el caso a un juzgado de lo Penal.