Los más expropiados del concello

A medio plazo podrían sufrir otra actuación similar si se lleva a cabo el proyecto del Ministerio de Fomento para ampliar Alfonso Molina en cuatro carriles más, dos en cada sentido.

La expropiación para construir la tercera ronda contrasta con la efectuada para la residencia universitaria tanto en las formas como en los efectos. En este último caso, además de llegar a cortar el tráfico de Alfonso Molina, ya se han presentado por ahora hasta siete recursos ante la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por parte de afectados disconformes con el precio y la superficie reconocida por Xestur, empresa pública participada por la Consellería de Vivenda y que promueve esta actuación.

Además del bajo precio en que valoran estos terrenos de Elviña en zona urbana -a 105 euros según explican los afectados-, Xestur ha optado por utilizar como referencia las escrituras de las tierras en lugar de la certificación catastral, el método más habitual y que utilizó Fomento para ejecutar la tercera ronda.

"Todo el mundo sabe que en Galicia tradicionalmente se escrituraban menos metros de los que había para pagar menos a Hacienda. Pero mandas a un perito que mida y luego en el catastro ya se pone correcto", explica uno de los afectados que han recurrido a la justicia, Manuel López.

Este caso es el que le ha sucedido a José Souto, al que le han "quitado" casi mil metros de terreno y por mucha certificación catastral y pruebas que aporta Xestur le ignora. "A un amigo mío le pusieron propietario desconocido y eso que él anduvo detrás de ellos para que conocieran quién era el dueño", explica con humor Manuel López.

"Con Fomento, para la tercera ronda, no hubo problema. Pagaron, si probabas que tenías más metros te los reconocía, y miraban el catastro, no la escritura", cuenta el presidente de la Asociación de Vecinos Elviña-Castro Os Rexumeiros, Carlos Maceiras.

"Es una destrucción de vidas innecesaria porque la residencia se podía construir en otra zona, aquí cerca, sin afectar tanto a la gente, a sus casas. Porque estamos de acuerdo en que se haga la residencia, es necesaria, pero la forma en la que la están haciendo es injusta, un agravio. En esta zona hay familias que han vivido ahí generaciones enteras", agrega Carlos Maceiras.

"Estos terrenos valen mucho más. Yo hace poco vendí ahí cerca de mil metros y me dieron tres pisos de lujo", explica otra afectada que recurrió el acuerdo de expropiación acordado por la Xunta en 2006, María Luisa Iglesias.

"¿A quién le importa que el hospital se llame o no Juan Canalejo, o la estatua de Millán Astray? Lo que importa, que es urgente, es cambiar la ley de expropiación que es del año 54 y desde entonces no se ha cambiado", apunta el marido de una de las expropiadas que han recurrido, Alejandra Capelán, a quien le reconocen unos 300 metros menos de los que realmente posee.

Toda la zona del entorno de Elviña y el castro conserva aún pancartas en fincas y fachadas de casas como protesta por el precio de las tierras y la valoración de las viviendas. El realojo es también otra de las grandes preocupaciones de los afectados.

"No permitiremos que entren las palas en nuestros terrenos hasta que esté firmado el acuerdo de realojo, que el anterior Gobierno de la Xunta dejó redactado tras una negociación antes de las elecciones. Esperemos que el nuevo Gobierno nos llame para firmar, porque es lo último que queda", advierte el presidente de esta entidad vecinal, Carlos Maceiras.

El realojo acordado con la Consellería de Vivenda antes de los comicios autonómicos garantizaba la construcción de viviendas unifamiliares al lado de las que se van a levantar para los profesores en el complejo residencial. Dicho acuerdo establece que no se derribarán las viviendas de los vecinos hasta que estén construidas estas viviendas, pero hay dos excepciones.

La vivienda-molino de Perfecto Gómez y la casa de José Souto serán las primeras en ser derribadas al ser una medida necesaria para facilitar el inicio de las obras. En estos dos casos los inquilinos serían realojados por Vivienda de forma temporal en viviendas de alquiler, hasta que estuviesen construidas las definitivas.

"Hace unas semanas decían que las obras empezaban ya para abril, que había prisa, pero ahora creo que ya se pararon y a lo mejor aún tardan años. Mira el parque ofimático, 17 años que llevan", apunta un vecino de Elviña.

La gran mayoría de afectados por las expropiaciones han acudido al mismo abogado, el despacho del ex alcalde José Manuel Liaño Flores, debido a que también les había llevado otras expropiaciones de la zona, como la de Fertiberia.

La construcción de la residencia universitaria supone la expropiación de 68 fincas que ocupan casi 45.000 metros cuadrados. En total son unos 300 vecinos los afectados, de los que medio centenar tienen su residencia en el municipio de a Coruña y el resto de dueños de fincas y bienes tienen su domicilio en otros concellos de la comarca, sobre todo Cerceda, Culleredo, Cambre, Oleiros o A Laracha.

La Consellería de Vivenda destinó 5,6 millones de euros a las indemnizaciones por las expropiaciones de las tierras. Unos 17,5 millones se gastarán el la construcción de las viviendas universitarias. Serán 311 pisos para estudiantes y quince viviendas unifamiliares reservadas para profesores visitantes. En total, en los pisos protegidos -de uno y dos dormitorios- habrá unas 600 plazas en régimen de alquiler cuyo importe aún no se ha fijado.

Desde el acuerdo de la Xunta para expropiar por tasación conjunta estas parcelas y bienes los afectados han mantenido reuniones y entrevistas y hasta han cortado el tráfico en protesta por esta resolución.

Las expropiaciones en esta zona de las afueras de A Coruña son prácticamente una herencia, pues las sufren varias generaciones: las padecieron los abuelos, luego los padres y en algún caso también las heredarán los hijos.

Es el caso de José Souto. Su padre fue expropiado en los años sesenta para ubicar en sus terrenos una fábrica de fertilizantes, Fertiberia. Cuando la fábrica cerró se anunció que se construiría allí el campus universitario de Elviña y entonces los vecinos reclamaron el derecho de reversión al que tenían derecho porque se cambiaba el destino inicial de las tierras. Sin embargo, el Concello y la empresa realizaron una negociación y al final no les devolvieron las tierras a sus dueños y se hizo el campus.

Los afectados presentaron años después una demanda judicial y ganaron: los jueces reconocieron que tenían por lo menos el derecho a cobrar la diferencia entre la valoración inicial, cuando era para suelo industrial, y la que tuvieron los terrenos después, cuando se destinaron a uso universitario.

Treinta años después de aquella expropiación, algunos afectados han comenzado a cobrar aquellas diferencias, cantidades en algunos casos irrisorias, como en el caso de María Luisa Iglesias, que acaba de percibir 600 euros, que en realidad le correspondían a sus padres, ya fallecidos.

Algunos residentes, como el presidente de la Asociación de Vecinos Elviña-Castro Os Rexumeiros, Carlos Maceiras, aún están a la espera de este cobro. "Se pasó por encima de los derechos de los propietarios", afirma Maceiras respecto al caso de Fertiberia.

En el caso de José Souto, además de sufrir la expropiación de Fertiberia y ahora la de la residencia universitaria, también es un afectado por las obras de la tercera ronda en la zona de Feáns-Mesoiro. María Luisa también está afectada por la expropiación de la residencia universitaria y cree que a su edad, 72 años, serán sus hijos los que cobren el importe de estas últimas expropiaciones.

Esta mujer también fue expropiada hace tiempo para construir la fábrica de armas. "Pagaron a peseta metro", recuerda María Luisa. También en este caso, con el previsible traslado de la fábrica y el posible destino de los terrenos a uso residencial, los entonces expropiados tendrían derecho a reclamar la devolución de las tierras al cambiar el destino previsto inicialmente.