El Ministerio de Defensa elude cualquier tipo de responsabilidad sobre el futuro de la Fábrica de Armas pues entiende que es la empresa General Dynamics la que debe tomar las decisiones. La compañía y el comité de empresa aguardaban una respuesta sobre el traslado de las instalaciones de Pedralonga, pero la Administración central prefiere guardar silencio.
"El Gobierno no puede pronunciarse sobre asuntos o decisiones que afectan a una empresa que es privada y sobre la que no ostenta ninguna propiedad ni dispone de información sobre previsiones de futuro de la compañía", afirma Defensa tras una pregunta formulada por el diputado nacionalista Francisco Jorquera sobre la situación de la Fábrica de Armas de Santa Bárbara. La empresa puso como condición indispensable para continuar en A Coruña el traslado de la factoría a un polígono industrial de la ciudad o el área metropolitana, pues cree que el recinto de Pedralonga se ha quedado desfasado y no necesitan una parcela tan grande para la producción de armamento.
El Gobierno español argumenta que no tiene nada que ver con la fábrica, pues la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) privatizó Santa Bárbara Sistemas en 2001 y el consejo de ministros autorizó la compraventa a la sociedad General Dynamics. El Ministerio de Defensa, propietario de los terrenos y el principal cliente de la multinacional estadounidense, sostiene que la SEPI se encargó de velar por el cumplimiento del plan industrial, de acuerdo a los compromisos adquiridos en el contrato de compraventa, cuya vigencia finalizó a los cinco años, en julio de 2006.
Los representantes del sindicato UGT -la central mayoritaria en el comité de empresa de Santa Bárbara- firmaron en enero con la compañía una carta de intenciones en la que apostaban por una nueva factoría. El Ayuntamiento se sumó después a esta iniciativa. El problema es que dicho acuerdo tenía vigencia hasta el 21 de abril, aunque luego se prorrogó hasta el 31 de julio. Ni Defensa ni Xunta se han pronunciado. La carta de intenciones especifica que el Ministerio que dirige Carme Chacón debe costear la nueva instalación, un proyecto que ronda los 25 millones.
La principal posibilidad que se estudia como nuevo destino de la Fábrica de Armas es una parcela ubicada en el polígono industrial de A Grela, también propiedad del Ministerio de Defensa, aunque existen otras opciones, como el parque empresarial de Espíritu Santo. UGT acepta el traslado a un parque empresarial, pero siempre que se cumplan dos condiciones: que se garantice la continuidad de todos los puestos de trabajo -215 empleados en plantilla- y que se mantenga la propiedad pública de las instalaciones.
