La Inspección Provincial de Trabajo ha sancionado a la empresa Bunge Ibérica con una falta grave en grado máximo por transgredir el derecho al trabajo de la plantilla de su factoría cullerdense. Así lo ha comunicado el comité de empresa de la planta tras recibir un escrito de la autoridad laboral.

Esta condena surge como respuesta a la denuncia presentada por el comité de empresa, que reprobaba la falta de ocupación efectiva de los trabajadores después de que la Xunta desestimara el Expediente de Regulación de Empleo solicitado por la multinacional.

Los delegados sindicales exigen, por lo tanto, el cumplimiento de la legislación vigente y urgen a la empresa a reiniciar "de manera inmediata" la actividad productiva.

Para ello, los trabajadores consideran indispensable que no se proceda a ejecutar el proyecto presentado por la empresa para el derribo del silo de hormigón dañado, que lleva inutilizado meses por una avería. Coinciden en que la factoría puede prescindir de este tanque de almacenaje de soja, pero explican que su demolición, según el proyecto, implica el desmantelamiento del sistema de caldera, el corte de un circuito eléctrico, la inhabilitación del elevador del otro silo de hormigón y la inutilización de otros servicios de la planta. Es decir, el inicio del proceso de desmantelamiento de la factoría.

Opinan que la mejor opción, aunque no la más rentable para la empresa, es la extinción de la combustión de las habas de soja que permanece activa en el interior del silo de 25 metros de altura desde hace meses. Los trabajadores aseguran que no existe peligro de desplome, ya que durante estos días los empleados están circulando por las inmediaciones sin que nadie les advierta de ningún tipo de peligro. Sostienen que Bunge mantiene el fuego "de manera premeditada para conseguir la licencia de derribo del mencionado silo".

El comité de empresa acusa también al resto de administraciones de connivencia con la empresa, ya que no obligan a sofocar la combustión. "Tuvimos una reunión con Julio (Sacristán, alcalde de Culleredo) y nos dijo que los técnicos municipales estaban de acuerdo con el proyecto de derribo del silo, sólo les faltaba un informe", lamentan los trabajadores.

Los representantes de los empleados temen que se desmantele la fábrica antes de que se celebre el juicio pendiente contra Bunge Ibérica, que se ha aplazado dos meses a petición del comité de empresa.

Otra de las críticas de los sindicatos se dirige a la conselleira de Traballo, Beatriz Mato, que en una reunión mantenida el 31 de julio asumió como "compromiso personal" mantener una reunión con los máximos dirigentes de Bunge Ibérica. "A día de hoy no hubo respuesta de la gestión realizada ni de los resultados obtenidos", critica el comité de empresa, que añade: "echamos en falta una apuesta firme del Gobierno gallego para defender el mantenimiento de los puestos de trabajo en nuestra comunidad".

La plantilla considera que las administraciones le han dado la espalda, por lo que han decidido reactivar su calendario de movilizaciones. Los sindicatos anuncian nuevas marchas para septiembre.