"Esto es como Marbella", resume uno de los inquilinos del edificio Conde de Fenosa. Abogado, para más señas, lo que le ha convertido en blanco habitual de las consultas del resto de vecinos una vez que se ha conocido la decisión del Tribunal Supremo de ordenar la demolición del inmueble de Fernando Macías. Reconoce que existen personas "asustadas" repartidas entre el centenar de viviendas, a diferencia del clima de tranquilidad que se respira entre el resto de la comunidad de propietarios. Él ha intentado tranquilizarlas bajo un único punto de partida: la responsabilidad patrimonial pertenece al Ayuntamiento. Esto es, el Consistorio fue quien otorgó una licencia de construcción que ahora se ha revelado como "ilegal", según el Tribunal Supremo.

"Esto es como en Marbella -desliza el abogado-, los propietarios compraron bajo la presunción de la legalidad". Nada les hizo sospechar que, como en el caso de la popular población andaluza de la Costa del Sol, otro caso de naturaleza urbanística como el que monopolizó los informativos nacionales podría afectarles a ellos, a más de mil kilómetros de distancia. Las miradas, pues, se dirigen ahora hacia el Ayuntamiento, hacia la manera de afrontar los acontecimientos a partir de ahora.

Algunos vecinos plantean incluso la posibilidad de que el responsable último de otorgar la licencia de rehabilitación en el año 1997 responda también ante la Justicia. "Aunque actualmente ya no forme parte del equipo de gobierno municipal o ya no sea el responsable del área que la otorgó". El resto prefiere esperar a que las aguas se tranquilicen: saber qué es lo que pretende el particular que presentó la demanda, conocer cómo avanzan las negociaciones entre las partes y, sobre todo, dejarlo todo en manos de los abogados.

"Esto es un tema a otro nivel, entre abogados, no entre los vecinos", insiste una inquilina antes de cruzar el portal de uno de los edificios del conjunto arquitectónico que reúne cerca de un centenar de viviendas, oficinas y hasta un consulado perteneciente a un país africano.

Las conversaciones de portal oscilan entonces entre los que desconfían de que la orden de demolición se ejecute finalmente -"Es un auténtico disparate", sentencia una mujer de edad avanzada-; los que no alcanzan a entender el objeto de la sentencia del Supremo -"Es absurdo tirarlo para después volver a construirlo", opina otro vecino-; y los que, perdidos en un proceso judicial que se alarga desde 2001, cuestionan las razones de la orden -"Creo que hubo un problema de volumen de edificación", aventura un propietario-.

Problema que más bien otros vecinos achacan a enfrentamientos de carácter personal. Pese a todo afirman estar tranquilos, hasta el punto de que a alguno no le asustaría "dormir en tienda de campaña en la plaza. No en vano, éste es un "edificio muy particular".