El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación presentado por la promotora Sociedad General de Terrenos y Edificios SL contra la anulación del plan parcial de la urbanización Porto Infanta, un complejo residencial de casi medio millar de viviendas que en su segunda fase incluía la construcción de un puerto deportivo con 300 puntos de amarre.
Para el actual equipo de gobierno, presidido por el nacionalista Abel López, la sentencia dictada el pasado 25 de septiembre por el Tribunal Supremo confirma que Porto Infanta vulneraba la Lei de Costas, por lo que supone "una buena noticia para Sada". El Gobierno local quiso reconocer la labor realizada por la Plataforma para a Defensa da Ría de Sada y considera la resolución judicial "de especial trascendencia" tanto para los intereses del Concello como a la hora de asentar "criterios generales sobre la ordenación urbanística en la zona de protección del litoral". Así, pretende que el futuro PGOM, en fase de redacción, incluya en esta parte de la costa sadense "una gran zona de verde para uso y disfrute de los vecinos".
Porto Infanta fue considerado el proyecto estrella del ex alcalde Ramón Rodríguez Ares, una actuación a la que se opuso frontalmente el BNG, ahora en el Gobierno municipal. En junio de 2001, el pleno aprobó el plan parcial necesario para desarrollar el proyecto y Rodríguez Ares aseguró que la iniciativa conllevaría "un gran beneficio para Sada", que se convertiría así "en la capital náutica del norte de Galicia".
Poco después, se constituía la Plataforma de Defensa de la Ría de Sada (en realidad Ares y Betanzos), que aglutinó a todos los colectivos que denunciaban el impacto medioambiental del proyecto y su efecto pantalla debido a la altura de los edificios proyectados en el litoral sadense.
El colectivo recurrió ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) el plan parcial de Porto Infanta, que fue anulado por los jueces en noviembre de 2004. Los magistrados consideraron que no estaba justificada la expansión del núcleo de población de Fontán y manifestaron que en dos de los cuatro montajes fotográficos realizados para intentar mostrar la futura macrourbanización se podía comprobar "el grave impacto visual y el efecto de muro pantalla" de las edificaciones no sólo desde el mar, sino también desde la carretera.
Antes de que el TSXG dictase la sentencia contraria a este documento urbanístico, emitió un auto en el que decretaba la paralización cautelar de una parte de la urbanización. Fue en 2002.
La anulación de Porto Infanta supuso un varapalo para el Concello de Sada, que en 2004 preveía ingresar 1,3 millones de euros en concepto de aprovechamiento urbanístico, es decir, por los terrenos que le correspondían en la urbanización. El BNG destacaba entonces que la situación obligaría al equipo de gobierno a realizar importantes ajustes económicos, pero Rodríguez Ares salía al paso manifestando que el dinero que se dejaría de ingresar no afectaría "para nada" a las arcas municipales.
