El Tribunal de Cuentas comprobará el próximo 14 de diciembre si se produjeron irregularidades en la financiación de la reforma del mercado de la plaza de Lugo. El órgano fiscalizador ha citado al Ayuntamiento y al Ministerio público para que, si lo estiman conveniente, acudan a la liquidación provisional del proyecto, que costó a las arcas municipales 22 millones.
El organismo público determinará si el presupuesto de la remodelación del mercado de A Guarda se ajustó a la legalidad. La investigación del Tribunal de Cuentas se produce a raíz de la denuncia presentada por el ex concejal socialista José Antonio Sánchez Penas. El Tribunal de Cuentas es un órgano constitucional del Estado, cuya principal función es comprobar si la actividad económico-financiera del sector público respeta los principios de "legalidad, eficiencia y economía".
No es la primera vez que el proyecto de la plaza de Lugo se encuentra bajo sospecha, pues la Fiscalía abrió una investigación a finales de 2006, que acabó por archivar porque entonces no encontró pruebas suficientes para ejercer acciones legales. El Ministerio público solicitó al Consello de Contas que informase sobre la contratación, construcción y gestión del mercado de A Guarda; y el Ayuntamiento, a propuesta de sus servicios jurídicos, se personó en las diligencias informativas abiertas por el proyecto de la plaza de Lugo y también por la remodelación del mercado de Elviña, que por entonces también investigaba la Fiscalía.
El Concello adjudicó la remodelación del mercado por una cifra que rondó los veinte millones a la empresa Saite -promovida por el Banco Pastor y el empresario Juan Carlos Rodríguez Cebrián; y que después pasó a denominarse General de Terrenos y Edificios-. El Ayuntamiento entregó a la constructora una parcela en Vioño tasada en 7,4 millones, con lo que financió un tercio del proyecto. El entonces portavoz local del BNG en la oposición y ahora socio de gobierno del PSOE, Henrique Tello, defendió a la Fiscalía por investigar el proyecto y llegó a asegurar hace dos años que el terreno de Vioño ya se había revalorizado "un 30%, como mínimo".
El Ayuntamiento, a través de la Junta de Gobierno Local, también aprobó en septiembre de 2006, dos meses después de la inauguración de la plaza de abastos, un pago extra de 2,2 millones a la constructora, por lo que la factura final superó los 22 millones -3.660 millones de las antiguas pesetas-. La concesionaria justificó que este incremento en el precio final de los trabajos se debía sobre todo a la reducción de los metros cuadrados destinados a uso comercial para aumentar la superficie destinada a mercado municipal.
Las críticas a los cambios en el contrato de la plaza de Lugo llegaron incluso desde las oficinas del Palacio Municipal de María Pita. El interventor del Ayuntamiento cuestionó el incremento presupuestario de 2,2 millones en la obra y advirtió de que la modificación se llevó a cabo pese a que no existía una autorización previa.
La Junta de Gobierno Local acordó la liquidación de la obra y lo hizo pese a que el interventor municipal recordó que se incumplían dos artículos de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. El primero se refería a la necesidad de remitir el expediente que corresponde a las modificaciones del contrato, en el que se incluyese un dictamen sobre "la improcedencia de la convocatoria de una nueva licitación" y un escrito de la oficina de supervisión de proyectos sobre la adecuación de los cambios. El segundo de los artículos al que hizo referencia el interventor municipal estaba relacionado con la necesidad de que se aprobase el proyecto reformado antes de modificar el contrato.
Ahora será el Tribunal de Cuentas quien determine si se produjeron irregularidades en el proyecto de remodelación del mercado municipal de la plaza de Lugo.
