El Gobierno local intentará legalizar la situación urbanística del edificio Conde de Fenosa con el fin de evitar el coste económico para las arcas municipales que supondría su derribo. El arquitecto autor de la denuncia que dio origen a la sentencia que considera ilegal el inmueble, Valentín Souto, se muestra dispuesto a mantener la batalla judicial y anuncia que si el Ayuntamiento aprueba una nueva licencia que impida la demolición, la impugnará ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

En declaraciones a Radio Coruña, el concejal de Vivienda y Rehabilitación Urbana, Mario López Rico, defendió ayer que se adopte la solución menos costosa para el Ayuntamiento y aseguró que los servicios jurídicos municipales y el área de Urbanismo estudian en este momento la fórmula más adecuada "para evitar lo que sería un despilfarro de recursos y de fondos públicos considerable". López Rico admitió que la única vía para que no llegue a demolerse el edificio es la concesión de una nueva licencia que se ajuste al contenido del plan general de urbanismo, aunque el equipo de gobierno por el momento desconoce si será posible aplicar esta iniciativa.

Miguel Vázquez, el abogado del arquitecto denunciante, considera sin embargo que una actuación en ese sentido podría ser anulada por el Tribunal Superior de Galicia y que podría motivar el paso del caso a la jurisdicción penal, ya que, en su opinión, el Ayuntamiento coruñés buscaría evitar el cumplimiento de una sentencia firme del Tribunal Supremo.

La repercusión económica del derribo del edificio Conde de Fenosa sería enorme, ya que los propietarios de las viviendas y locales comerciales tendrían derecho a una cuantiosa indemnización por los perjuicios ocasionados, que debería ser abonada por el Ayuntamiento al haber concedido la licencia de construcción en el año 1997.

El alcalde, Javier Losada, y la concejal de Urbanismo, Obdulia Taboadela, se mostraron el lunes dispuestos a evitar que sea necesario ejecutar la orden de demolición dictada por el Tribunal Supremo el pasado mes de enero, para lo que apostaron por la regularización urbanística del edificio.

Las sucesivas resoluciones judiciales a lo largo de los últimos años han negado que el Ayuntamiento tenga posibilidad de emplear esta vía para resolver el problema, basado, según la sentencia del Supremo, en el incumplimiento de la normativa urbanística municipal de 1998, de acuerdo con la cual el inmueble está fuera de ordenación porque no fue rehabilitado parcialmente, sino en su totalidad, a lo que hay que unir la irregularidad de las dimensiones del patio interior y el insuficiente número de plazas de aparcamiento construidas.