El último adiós a los recuerdos de Elviña

Piden para ellos la misma protección que un baluarte que aparezca bajo tierra. Dicen que no se oponen a la expropiación, saben que sus casas frenan ahora el avance de la Universidad, pero no se pueden explicar cómo la Xunta puede obligarles a vivir en un piso cuando llevan toda su vida viendo el campo crecer, criando animales y manteniendo en pie los negocios que, ya sus ancestros, habían iniciado.

Los afectados por la construcción de la residencia universitaria no entienden cómo, si la Xunta les expropia más de seis mil metros cuadrados no tiene ni noventa para hacerles unas casitas en las que puedan vivir sin alejarse de lo que, desde siempre, ha sido su hogar. Lo que más les duele es ver cómo se agota el tiempo sin poder hacer nada más que esperar a que entren las palas a llevarse todos sus recuerdos, sus esfuerzos y sudores por delante, para dejar el terreno como si nunca hubiesen estado allí. Habían conseguido un acuerdo con el gobierno bipartito de la Xunta para ser realojados en su entorno, que es lo único que piden, ahora que ya no pueden salvar sus casas de la quema; pero con la entrada del PP en el Ejecutivo autonómico ese pacto fue obviado y lo único que les ofrece el Instituto Galego de Vivenda e Solo es un poco de dinero -algo más de 300.000 euros por tres casas con terreno- y un alquiler reducido en un piso de protección oficial en la avenida Salvador de Madariaga, sin jardín que cuidar ni sitio para seguir cuidando unos animales que les parecen ya "de la familia".

Tienen claro que ellos, de sus casas y por las buenas, no piensan irse sin una solución que les satisfaga, pero saben que, desde ayer, el tiempo corre en su contra y que, en cualquier momento, pueden entrar las palas en unos terrenos que no saben ya hasta qué punto les pertenecen. Esperan que no pase nada irremediable hasta el próximo miércoles, cuando les recibirá el delegado de la Xunta en A Coruña, Diego Calvo.