Un tramo deseado y complicado

El proyecto previsto en As Rañas unirá los tramos de la tercera ronda que construyen por separado los gobiernos central y autonómico, por lo que su conclusión es indispensable para que entre en servicio la vía llamada a resolver buena parte de los problemas de tráfico de la comarca coruñesa.

El problema surgido con las expropiaciones parte de la titularidad de esta pequeña conexión, ya que la Xunta argumenta que será de propiedad municipal y por tanto es el Ayuntamiento el organismo responsable de asumir el coste de las expropiaciones.

En el Palacio de María Pita la opinión es radicalmente opuesta, ya que se admite que el enlace será mantenido por la administración municipal una vez que entre en funcionamiento, pero se recuerda que servirá de unión entre dos vías que pertenecerán al Estado y a la Xunta respectivamente, por lo que es esta última administración la que debe financiar las compensaciones a los propietarios afectados.

La Consellería de Medio Ambiente e Infraestruturas ya descartó además una propuesta lanzada desde A Coruña para desbloquear el conflicto, que planteaba que la Xunta expropiase y que el Concello abone parte de los gastos, ya que asegura que generaría unos problemas jurídicos muy complejos por el hecho de que el enlace no será nunca de titularidad autonómica.

El Ayuntamiento argumenta problemas financieros para afrontar las expropiaciones, ya que cuando el gobierno autonómico le planteó esta exigencia ya había aprobado sus presupuestos para este año y no disponía de una partida con la que hacerse cargo de los 3,8 millones necesarios.

Cuando a finales del pasado mes de junio Javier Losada dio su brazo a torcer y admitió costear por completo las compensaciones, anunció que el Concello buscaría el dinero "donde sea", en alusión a las dificultades de financiación que padece.

El agotamiento de los recursos municipales puede ser la razón del nuevo cambio de postura mostrado la semana pasada por el Gobierno local, que retrocede a los planteamientos de marzo e insiste en que la Xunta debe compartir el pago de las expropiaciones. Ni Losada ni su concejal de Urbanismo, Obdulia Taboadela, han explicado hasta ahora por qué se produce este giro un mes y medio después de haber aceptado aportar los 3,8 millones, aunque quizás durante el verano han podido comprobar que en tiempos de crisis ni siquiera debajo las piedras se encuentra el dinero.