Un enlace enrocado

La nueva fase del conflicto del enlace de As Rañas, iniciada con la decisión del alcalde de no costear en su totalidad las expropiaciones necesarias, se caracteriza ahora por la difusión de comunicados en los que cada una de las partes -Xunta y Ayuntamiento- defienden sus respectivas posturas y recriminan a la otra su actitud.

Después de que el delegado de la administración autonómica en A Coruña abriese el fuego el pasado lunes con las críticas a Javier Losada por sus sucesivos cambios de opinión sobre la financiación de las compensaciones, el conselleiro de Medio Ambiente e Infraestruturas, Agustín Hernández, prosiguió ayer acusando al regidor coruñés de "poner en peligro" la tercera ronda al negarse a abonar los 3,8 millones previstos a los propietarios afectados por las obras.

Hernández tildó además de "contradictorias" las últimas manifestaciones realizadas por Losada sobre este proyecto, ya que consideró que si en realidad desea que se ejecute cuanto antes, "no se explica que cada día tome y adopte una actitud distinta".

Pero el conselleiro no se limitó a exponer su visión del problema, sino que incluso hizo pública la carta que le remitió el alcalde el pasado 28 de junio, en la que, después de meses de enfrentamiento por las expropiaciones, finalmente aceptaba que el Ayuntamiento las abonase en su totalidad.

En la misiva, Losada recuerda a Hernández su postura de que debería ser la Xunta la encargada tanto de expropiar como de construir el enlace, pero que, ante el rechazo de la consellería a este planteamiento, el Concello asumiría el coste de las indemnizaciones. "Si no queréis expropiar, asumiremos nosotros este procedimiento y así lo pagaremos", comunicaba el alcalde al mandatario autonómico, a quien explicaba que había tomado esta decisión por su deseo de que no transcurriese más tiempo en la tramitación de esta infraestructura.

"Creo que en esta quincena de julio sería una buena ocasión para firmar este convenio", comentaba Losada acerca del momento adecuado para disponer del nuevo acuerdo sobre el enlace, aunque el Ayuntamiento no lo recibió hasta principios de agosto.

El contraataque municipal a las palabras de Hernández llegó de la mano, una vez más, de la concejal de Urbanismo, Obdulia Taboadela, para quien las condiciones del convenio propuesto por la Xunta son "leoninas", ya que no sólo obligan al Ayuntamiento a asumir los gastos de las expropiaciones, sino también los de las demoliciones y los de los cambios de los servicios imprescindibles para ejecutar las obras.

"A ninguna ciudad se le pide un sobreesfuerzo económico semejante", manifestó la edil, que insistió en pagar sólo la mitad de las expropiaciones y que calificó de contradictorios los términos de esta propuesta con las afirmaciones del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, sobre su compromiso con las inversiones en la ciudad. Pero, además, Taboadela exigió al Gobierno gallego que retome de inmediato los trabajos del tramo de la tercera ronda que discurrirá entre Penamoa y la rotonda de Ikea, que según ella daría por concluida esta carretera y haría posible su entrada en servicio.

La responsable de Urbanismo da de esta manera una importancia secundaria al enlace de As Rañas, que conectará el tramo autonómico de la tercera ronda con el construido por el Estado y haría posible que la ciudad dispusiera de una vía de acceso alternativa a las actuales, una situación que no se produciría si la carretera concluyese en la rotonda de Ikea, como plantea Taboadela.

Es sobre este trayecto sobre el que centra la edil sus críticas a la Xunta y al que dedica una mayor atención en su comunicado, en el que las referencias a las expropiaciones en As Rañas tienen un menor espacio.

El combate dialéctico en el que se hallan sumidas ambas administraciones fue ayer objeto de una recriminación por parte de Unión Coruñesa, formación para la que la "permanente confrontación" entre Xunta y Concello paraliza las obras de la tercera ronda. Los coruñeses están "anonadados" por esta discusión, según el partido que lidera Carlos Marcos, que acusa al Gobierno local de no saber defender los intereses de la ciudad y a la administración autonómica de actuar de manera diferente en relación con urbes como Vigo o Santiago.

También critica Unión Coruñesa el silencio de los ayuntamientos de la comarca acerca de esta polémica, cuando serán también beneficiados por la entrada en servicio de la tercera ronda.