El Ayuntamiento inicia la cesión integral de Tabacos a la Xunta

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento aprobó ayer el inicio de los trámites para ceder el edificio y la parcela de la Fábrica de Tabacos a la Xunta; esta formalidad implica que el Concello tendrá que redactar un convenio que, posteriormente, tendrá que ser firmado por la Xunta para que comiencen las obras para convertir lo que años atrás fue una factoría en la nueva sede de la Justicia en la ciudad.

La Xunta había anunciado en el mes de mayo que la reforma estaría terminada en 2013 y que esta actuación permitiría solucionar los problemas de espacio de los edificios judiciales para los próximos veinte años; una afirmación con la que el juez decano de A Coruña, Antonio Fraga Mandián, no está muy de acuerdo, ya que la Consellería de Xustiza dejaba fuera de la remodelación 3.000 metros cuadrados del edificio, que le parecían innecesarios y que Fraga Mandián considera clave para que las instalaciones no se queden obsoletas en su primera década de vida.

El visto bueno a la cesión de la parcela y el edificio se lo dio ayer la Junta de Gobierno Local después de meses de desavenencias con el Ejecutivo gallego sobre los tres mil metros cuadrados de la discordia, que fueron pasando de unas manos a otras sin que nadie quisiese hacerse cargo de los costes de su puesta a punto para convertirse en útiles -bien para el Gobierno municipal, como archivo; bien como complemento de las sedes judiciales que acoja el resto del edificio-.

El juez decano lamenta que, desde la Xunta, nadie se haya puesto en contacto con él para explicarle la situación del que será el centro de la Justicia en la ciudad, aunque asume que no son suyas las competencias que decidirán el futuro del edificio. "Lo que tenemos nosotros es un conocimiento profundo de las necesidades de espacio de la Justicia", asegura Fraga, cuya postura no ha cambiado: cree que los 3.000 metros cuadrados son necesarios para el buen funcionamiento de las instituciones que albergará el edificio -la Audiencia Provincial, Fiscalía y los juzgados- y para no volver a sufrir los problemas de disponibilidad de espacio que acompañan al día a día de los que se dedican a la Justicia en la ciudad.

Los jueces denunciaron que los 3.000 metros cuadrados que ellos consideran necesarios para el desarrollo de su actividad en el futuro -ya que se crearán nuevas unidades judiciales en la ciudad en los próximos años- no entraban en los planes de cesión de la Xunta porque la consellería que dirige Alfonso Rueda carecía de presupuesto para reformarlos, aun así, Fraga Mandián aconseja que la Xunta acepte el espacio y que lo reforme cuando tenga los seis millones de euros que, aproximadamente, costaría acondicionarlos para dedicarlos a usos judiciales.

El Ejecutivo gallego, sin embargo, rechaza esta propuesta de los jueces porque considera que es mejor acometer todas las reformas "a la vez" y no por partes.

Los sindicatos mostraron también su oposición al proyecto de la Xunta de dejar fuera de la reforma los 3.000 metros cuadrados que el Ayuntamiento le ofrece pero que utilizará como sede del archivo municipal si ésta los rechaza; ya que creen que el edificio debe destinarse "íntegramente" a usos judiciales, porque en la ciudad se crean hasta dos órganos jurídicos cada año.

La reforma reducirá a cuatro las sedes judiciales de la ciudad: el registro civil de la plaza de Vigo; el Palacio de Justicia, que cuenta con el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia; Tabacos, que acogerá la Audiencia Provincial, Fiscalía y juzgados y el Complejo Nuevos Juzgados, en el que, en el futuro estarán el Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) y algunos juzgados, que, en la actualidad tienen su sede en el edificio Proa.

Este nuevo mapa permitirá al Ejecutivo autonómico dejar de pagar el alquiler del inmueble de Matogrande para usos judiciales.