Dos guardias civiles y un policía nacional se sentarán la próxima semana en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial. El fiscal sostiene que los funcionarios cobraban por desvelar datos privados a una empresa que elaboraba informes sobre morosos a entidades a las que debían dinero. Los agentes, siempre según el escrito de acusación de la Fiscalía, facilitaban información relativa a la titularidad de vehículos, dirección de los propietarios, antigüedad, situaciones administrativas sufridas, antecedentes policiales, domicilios o empresas para las que trabajaban.
La mayoría de las veces los funcionarios, que ya no ejercen sus cargos, accedían a los sistemas con sus propias claves, pero en algunas ocasiones utilizaron las contraseñas de otros compañeros ajenos a su actividad. Los dueños de la empresa les pagaban 300 pesetas -1,80 euros- por cada dato que les suministraban y, además, les proporcionaban regalos.
El representante del Ministerio público asegura que los intercambios de información se hacían en lugares discretos como aparcamientos. "Se ha acreditado que los contactos se producían después de citarse por vía telefónica en un lugar apartado y a través de las ventanillas de los coches", relata el fiscal en su informe sobre los hechos.
En la trama estaban implicados dos policías nacionales y dos guardias civiles, pero uno de los agentes no será juzgado porque falleció. Los miembros del 091 desarrollaban su función en la sala de informática de la Jefatura Superior, situada en la calle Alférez Provisional. Uno de los guardias civiles trabajaba en el Servicio de Información de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña; y el otro, en el centro operativo.
Los empresarios pagaron a los procesados porque la mayoría de la información que les suministraban no era accesible a los ciudadanos y la que lo era, se la facilitaban a un precio inferior al oficial. Los intercambios de datos se produjeron al menos, según el Ministerio público, en 1998 y hasta octubre de 1999.
El fiscal relata en su informe que uno de los sospechosos consultó a través de su ordenador "una cantidad desorbitada de datos" que no se justifican por peticiones profesionales. Así, durante enero de 1998 y marzo de 1999 realizó 13.995 consultas de vehículos, 4.934 filiaciones, 79 consultas de empresas y 327 rastreos domiciliarios. La Fiscalía subraya que el funcionario cobró, al menos, 1.800 euros.
Uno de los guardias civiles obtuvo, según el Ministerio público, una cantidad no inferior a 600 euros y no superior a 2.400 euros mensuales desde 1995 hasta el mes de marzo de 1999. El empresario contactó en el año 1997 con el otro agente, a quien comenzó solicitándole datos relativos a un par de matrículas. A cambio de la información le daba pequeños regalos, según afirma la Fiscalía, quien asegura que el acusado, en octubre de 1999, comenzó a realizar la actividad "a gran escala". En la fecha de la detención, el procesado se embolsaba unos 420 euros mensuales.
La acusación pública les imputa a los funcionarios un delito de descubrimiento y revelación de secretos por el que solicita que sean condenados a cinco años de prisión; y un delito de cohecho pasivo por el que exige que les impongan tres años de cárcel. El fiscal pide al tribunal que condene a cada uno de los agentes a ocho años de cárcel y a la inhabilitación absoluta durante 12 años y a la inhabilitación especial para empleo y cargo público durante 9 años. La Fiscalía exige que paguen multas de entre 11.779 y 18.030 euros.
El representante del Ministerio público pide que los dos administradores de la empresa, que serán juzgados la próxima semana junto a los agentes, sean condenados a ocho años de cárcel y a pagar una multa de 33.416 euros. Los imputados vendían los datos obtenidos de forma fraudulenta a otras empresas que desconocían el modo en el que los obtenían.
