La concejal de Servicios Sociales, Silvia Longueira, acusó ayer a la Xunta de haber suprimido en sus presupuestos una partida de 180.000 euros destinada a financiar el Plan de Inclusión Social en la ciudad, que permite gestionar una serie de ayudas a los más desfavorecidos de las que, en el pasado año, se beneficiaron 528 vecinos. La edil, que explicó que este recorte ha afectado también al resto de las ciudades gallegas y al Consorcio As Mariñas, acusó al Gobierno autonómico de desconocer lo que se hacía con esos fondos y lo importantes que son las ayudas a los sectores más marginales para lograr una mayor cohesión social.
"Puede haber sido un error motivado por que la Consellería no sabe a dónde van esos fondos. Las ayudas han permitido que una parte de la población esté a salvo y resguardada. La decisión es propia de alguien que no tiene alma social y puede dar lugar a que haya un aumento de la marginalidad", declaró Longueira, que precisó que la partida presupuestaria suprimida por la Xunta es la que, desde que empezó a funcionar el Plan de Inclusión Social en 2001, permite poner en marcha los equipos técnicos que elaboran los informes necesarios para gestionar las ayudas a los colectivos más desfavorecidos.
Longueira opina que la decisión de la Xunta es una prueba de que el Gobierno autonómico no está interesado en resolver el problema de la marginalidad y de la pobreza, sino únicamente en disimularlo con ayudas puntuales. "La decisión supone anular derechos y regresar a políticas de caridad en lugar de apostar por proyectos que alivian los desajustes sociales y promueven la inclusión de aquellos ciudadanos que atraviesan momentos de precariedad", comentó la edil, que añadió que, gracias al Plan de Inclusión Social, hay ciudadanos que lograron acceder a un empleo y mantener "un modo de vida normalizado".
La responsable de Servicios Sociales alerta de que la pérdida de oportunidades para mejorar las condiciones de los colectivos marginales puede derivar en un incremento de la delincuencia y de la mendicidad. La edil también señaló que las asociaciones de ayuda a los necesitados tendrán, a causa de los recortes, más complicaciones a la hora de detectar dónde hay que intervenir. "No sólo se pierde la propia actuación del equipo, sino también las sinergias que se producen fruto de la constante coordinación con otras entidades sociales que trabajan en la ciudad", manifestó Longueira.
Intervenciones
Además de informar de que 528 ciudadanos se han beneficiado el pasado año de las ayudas relacionadas con el Plan Especial de Inclusión Social, el Ayuntamiento ha facilitado datos sobre las diferentes intervenciones acometidas por los equipos cuya financiación ha suprimido la Xunta.
Silvia Longueira explicó que un total de 314 vecinos han recibido las llamadas ayudas Risga (Renta de Integración Social), que consisten en una pensión mensual de 300 euros. Los responsables del servicio realizaron 259 visitas domiciliarias y 1955 entrevista de seguimiento. Sobre los logros alcanzados, el Gobierno local destaca la inserción social de 133 beneficiarios del plan y el contacto con 30 empresas que colaboraron activamente con el programa.
La concejal de Servicios Sociales recordó, tras comentar los datos, que la atención a las personas en riesgo de exclusión social no es el único cometido del equipo técnico del plan de inclusión. Silvia Longueira, que precisó que este tipo de actuaciones son especialmente importantes en épocas de crisis económica como la actual, recordó que los que estos técnicos son también los encargados de establecer contacto con empresas y entidades con el fin de disponer de los recursos necesarios "para dotar de contenido a los proyectos".
La Xunta ha explicado que la supresión de la partida destinada a financiar los equipos técnicos que realizan labores de seguimiento y de acompañamiento de los beneficiarios de las Rentas para la Inclusión Social (Risga) no implica que los colectivos más desfavorecidos de la ciudad dejen de recibir ayudas. En el mismo día en que Longueira denunció la falta de "alma social" del Gobierno autonómico, la Consellería de Traballo e Benestar envió un comunicado en el que respondió que, el próximo año, se invertirán 25 millones de euros en ayudas para la integración social de colectivos en riesgo de exclusión o en situación de marginalidad.
"El Gobierno gallego niega cualquier tipo de alarma que se pueda generar sobre la prestación del Risga, como se está intentando dar a entender desde algunos gobiernos municipales. Ninguna persona en riesgo de exclusión social va a quedar desprotegida por parte de la Xunta ni va a dejar de recibir las ayudas si sigue cumpliendo los requisitos exigidos", expone el Gobierno autonómico.
La Xunta explica que las rentas para la inclusión social existen desde el año 1991, es decir, desde antes de que se crearan los equipos de inclusión, que se pusieron en marcha en 2002, y que, por tanto, estos grupos no son necesarios para que los necesitados reciban las ayudas. "El servicio de apoyo a personas en riesgo de exclusión social que prestan los trabajadores del Plan de Inclusión Social de la Xunta y de los Concellos no está ligado de ninguna manera al presupuesto que la administración autonómica destina a la Risga", explica la Consellería de Traballo e Benestar, que recuerda que los propios concellos disponen de personal capacitado para hacer el mismo trabajo que los equipos técnicos del plan de inclusión.
