Los informes que valen son los del Concello, no los del Consello Consultivo, afirma el Ayuntamiento. El Gobierno local ha decidido desatender el dictamen desfavorable del organismo independiente. El ente autonómico encargado de velar por la legalidad de los actos administrativos reprueba al Gobierno coruñés por modificar el proyecto del Ágora en dos ocasiones, aumentar su presupuesto un 34,4% y encomendar su ejecución a la misma empresa sin plantearse siquiera volver a licitar el contrato sin justificaciones jurídicas válidas para ello.

"No puede admitirse que la modificación de un contrato sirva para ocultar errores y faltas de previsión en los proyectos originales", previene el Consello Consultivo de Galicia. El alcalde desdeña el dictamen del organismo: "No tiene un informe desfavorable, tiene un informe que hace el Consello consultivo que es preceptivo pero no vinculante". " Hay otros informes municipales que son los que mueven y que hacen que el Ayuntamiento tome las decisiones que ha tomado, conforme a la ley y conforme a los criterios de su asesoría jurídica y de sus servicios técnicos", zanjó ayer el regidor.

Ya conocida la resolución del Consello Consultivo, y a pesar de ser contraria a las intenciones municipales, la Junta de Gobierno Local celebrada el pasado 12 de noviembre decidió seguir adelante con la modificación del proyecto, que supone un aumento del 22,9% sobre el presupuesto original de 8.282.400 de euros.

El Concello adjudicó la obra a Dragados en diciembre de 2008. En julio de 2009, el Ayuntamiento propone una primera modificación del proyecto y encomienda su ejecución a la misma adjudicataria. El coste se incrementa 983.293 euros, un 11,87% más que el original. En mayo de 2010, la junta de gobierno da luz verde a una segunda modificación de 1.901.000 euros.

Tampoco se abre un nuevo concurso público y se encarga a Dragados. El Consello Consultivo ha de entrar entonces en el proceso, puesto que la ley obliga a tener un informe del órgano si el sobrecoste de una obra supera el 20% y el presupuesto inicial es mayor de seis millones de euros. A su entender, ninguna de las razones expuestas por el Concello coruñés obedecen a "causas imprevistas", las únicas que pueden justificar que la misma constructora continúe con la obra en el Agra sin disolver el contrato y licitar de nuevo los trabajos.

Los servicios jurídicos del Concello ponen en evidencia el carácter desfavorable del dictamen del Consello Consultivo, pero señalan que su carácter no es vinculante y que es el Ayuntamiento quien decide o no tener en cuenta las indicaciones legales del órgano independiente y quien decide seguir adelante o no con sus planes.

Tanto los abogados como los técnicos excusan que sería "desproporcionadamente oneroso" paralizar los trabajos para resolver el contrato y abrir una segunda licitación, lo que justifica, a su entender, que Dragados se haga cargo de las nuevas necesidades que han aparecido durante la construcción del "Fórum Metropolitano del siglo XXI".

Los técnicos alegan que, a día de hoy, el edificio no se encuentra totalmente cerrado, por lo que, además del coste en materia de indemnizaciones y otras pérdidas derivadas de la paralización, el edificio se podría ver perjudicado por condiciones climatológicas adversas. Señalan además que hay una serie de obras complementarias -licitadas al margen- que necesitan coordinarse con la construcción del Ágora, cuya paralización podría condicionar el avance del resto.

Los técnicos municipales estiman que bloquear la actuación supondría pérdidas de más de un millón de euros. Por ello, y en aras del interés público, el Ayuntamiento coruñés decide desoir al Consello Consultivo.

En total, las cuentas finales del Ágora -si no hay una tercera modificación del proyecto- se quedarían en 11.166.693 millones de euros, un 34,4% más de lo presupuestado inicialmente, además de obras complementarias licitadas aparte. La política municipal es fecunda en ejemplos como el que ahora causa el tirón de orejas del Consultivo. Consiste en ampliar el presupuesto de las obras (cuando es necesario reformar el proyecto) lo máximo que permite la ley para evitar un nuevo concurso y adjudicar la inversión a dedo a la empresa que ya ejecuta los trabajos. ¿Otros casos? Mirador de Os Castros, parque de Oza y centro cívico de O Castrillón.