La Xunta busca la mejor fórmula para tratar de desbloquear de una vez la residencia universitaria. La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas argumenta que el principal "problema" del proyecto es su viabilidad, es decir, las "importantes restricciones" económicas que soportan ahora las administraciones públicas. Por este motivo, el Gobierno gallego dejará una parte o la totalidad del proyecto en manos de una concesionaria. Niega "rotundamente" las declaraciones de Xosé Lois Martínez, vicerrector de la Universidad, quien denunció que el PP paralizó este proyecto al llegar al poder en la Xunta. Martínez también advirtió de que la ex conselleira de Vivenda, Teresa Táboas, en la etapa del bipartito, recibió "presiones" para no ejecutar el complejo porque existe un convenio anterior por el cual se garantiza el funcionamiento de la residencia de la empresa Rialta, propiedad de Manuel Jove.
La Universidad vincula la paralización del proyecto de la residencia del campus de Elviña a la existencia de un convenio de 1994 que obliga al ente académico a financiar parte del coste de 150 plazas del complejo levantado por Rialta, tal y como publicó ayer este periódico. La consellería que dirige Agustín Hernández respondió que el problema es sólo financiero.
"Ha habido restricciones presupuestarias importantes; primero no se podía sacar adelante (la residencia) porque no estaban los terrenos y, después, porque la Xunta quería garantías de que iba a tener un adecuado mantenimiento y quién lo iba a hacer", argumentó ayer un portavoz de la Consellería de Medio Ambiente, quien recordó a la Universidad que tiene una parte de responsabilidad en el proyecto: "La Universidad, que ahora tanto se queja, estuvo mareando la perdiz meses".
El Gobierno gallego se compromete a construir el alojamiento público para universitarios y que las obras empezarán a lo largo de este año. En la actualidad, falta por hacerse pública la decisión del Instituto Galego da Vivenda e Solo: a cuál de las veinte empresas que concurrieron al concurso adjudica las obras del complejo residencial del campus de Elviña.
La Universidad aprobó hace seis meses un acuerdo por el cual se haría cargo de la instalación una vez construida. Sin embargo, el gran problema que esgrime la consellería radica en cómo se ejecutará el proyecto. La Xunta evaluó posibles alternativas para desbloquear la situación y ha optado por la fórmula de la concesión, por lo que la administración autonómica financiaría sólo una parte de la obra o bien dejaría toda la inversión en manos de la concesionaria: "La ley permite echar mano de esta figura en época de restricción presupuestaria, es la forma de hacerlo viable y es lo que se va a hacer".
El proyecto para la residencia universitaria de Elviña establece que se construirán 370 apartamentos, con capacidad aproximada para entre 500 y 600 estudiantes y profesores, lo que contribuiría a reducir la demanda actual. Sin embargo, ni siquiera se cumplirían las directrices marcadas a nivel europeo, que hablan de entre 1.500 y 2.000 plazas.
El problema de la falta de alojamientos para estudiantes es un hecho en A Coruña. Es la única universidad en España que carece de una residencia y desde la institución académica denunciaron que una de las consecuencias fue la aparición de decenas de galpones que se alquilan en chalés de las inmediaciones de los campus de Elviña y A Zapateira, habitaciones que en muchos casos se construyeron sin permiso.
Rialta
El vicerrector de Infraestructuras, Xosé Lois Martínez, tiene claro que la residencia pública se paralizó a raíz de que en 1994 la Universidad, dirigida entonces por José Luis Meilán, firmase un convenio que facilitó la ejecución del complejo Rialta, en Culleredo.
El ente académico abona sobre 270.000 euros al año para financiar parte del coste de 150 plazas. Además, el acuerdo suscrito hace más de 16 años establece que la residencia privada se debe convertir en verano en un alojamiento de carácter general, por lo que los universitarios están obligados a abandonar las instalaciones. Xosé Lois Martínez defiende que la Universidad tendrá que romper este convenio si la residencia privada no ofrece los mismos precios que el futuro complejo público del campus de Elviña.
Coruñeses Con Buenos Argumentos tachó ayer de “mezquinos e interesados” a los alcaldes de A Coruña y Culleredo que, en 1994, permitieron la construcción de la residencia privada Rialta: “Los representantes sociales miraron para su ombligo”. La formación aseguró que, cuando se ejecutó la residencia de estudiantes, el entonces alcalde de la ciudad Francisco Vázquez y el ex rector José Luis Meilán Gil se dedicaron a mirar “para otro lado” y firmaron un convenio con la empresa Rialta en virtud del cual el regidor de Culleredo, Julio Sacristán, se comprometía a no autorizar instalaciones de este tipo para “usos universitarios públicos”.
