Seis sentencias desestimatorias pronunciadas por varios juzgados y el Tribunal Superior; una denuncia penal archivada; y un interdicto de paralización de obra rechazado. El promotor y arquitecto coruñés Santiago Torres Prada lleva una década trabajando más en los juzgados que en los edificios que promueve en la calle Príncipe de la Ciudad Vieja debido a las denuncias sistemáticas que han presentado contra él, en los últimos diez años, los integrantes de una comunidad de propietarios del inmueble colindante, ubicado en el número 2 de la calle Santo Domingo.
La gota que colmó el vaso de la paciencia de este arquitecto fue la nueva denuncia presentada por esta comunidad de propietarios, ahora ante la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta, después de perder en los juzgados todos los pleitos interpuestos contra las obras en los números 6 y 8 de la calle Príncipe, cuyas viviendas hace años que tenían que ser entregadas y que a día de hoy aún no están rematadas a causa de las denuncias vecinales.
Esta comunidad de propietarios, entre la que se encuentra José Luis Piñeyro, conde de Canillas, y Gonzalo Ortiz, secretario general de la Cámara de Comercio de A Coruña, ha impugnado hasta ahora las distintas licencias urbanísticas otorgadas por el Concello al promotor y también denunció supuestos incumplimientos de la normativa municipal y de Patrimonio. En la última denuncia, presentada hace unos meses por Piñeyro como representante de la comunidad de propietarios en la Xunta, se denuncia desde un supuesto incumplimiento de la normativa municipal de la Ciudad Vieja hasta el uso de materiales extraños en la fachada o que no se respetó la distancia de protección o la superficie máxima a ocupar de la parcela.
Ante esta última actuación de los colindantes el promotor respondió a Patrimonio alegando contra todas las acusaciones, al entender que ya se resolvieron en las sucesivas sentencias desestimatorias, y además ha anunciado el inminente inicio de acciones penales contra integrantes de dicha comunidad de propietarios, con el conde de Canillas y Gonzalo Ortiz entre los advertidos.
El promotor de las obras en principio creyó que estas denuncias se debían a que estas personas relevantes de la ciudad no se resignaban a perder las vistas sobre el puerto de las que han disfrutado todos estos años desde el edificio número 2 de Santo Domingo, pues los edificios 6 y 8 de la calle Príncipe que promueve este arquitecto, con sus vuelos en la parte trasera de la parcela hacia los jardines de Capitanía, ocultan una esquina del inmueble colindante. Sin embargo ahora este arquitecto cree que la verdadera motivación es intentar "arruinarle" y quedarse con los solares de la zona, una de las mejores de la ciudad.
Hace casi una década, al realizar las obras de excavación en la calle Príncipe para rehabilitar un edificio y construir otro en un solar vacío, se descubrieron restos de la muralla medieval de la ciudad. El promotor valló la obra con un cartel que ponía "La Muralla del Parrote" y luego ofreció a la Xunta y al Concello abrir al público un museo de la muralla medieval e incluso redactó un proyecto de musealización que envió al Gobierno gallego, sin obtener respuesta.
La historia judicial de esta casa de los líos tiene su primera resolución en septiembre de 2004. El juzgado Número 3 de A Coruña dio la razón al arquitecto Santiago Torres porque el Concello no certificó que tenía licencia por silencio administrativo y condenó al Ayuntamiento a abonarle 316.000 euros como indemnización. El Concello y el conde de Canillas recurrieron esta resolución. Los magistrados estimaron el recurso de la Administración local y anularon la indemnización pero rechazaron el recurso de este propietario particular que había pedido que se revocase el fallo inicial.
El Juzgado de lo Contencioso Número 3 de A Coruña desestimó en enero de 2007 el recurso de José Luis Piñeyro y la comunidad de propietarios contra el acuerdo del Concello de 2003 que dio licencia de reconstrucción para la fachada del número 6 de la calle Príncipe y la medianera del número 8, así como el acuerdo de 2004 por el que el Ejecutivo local otorgó licencia al promotor para cambiar el uso de sótano del edificio al de garaje.
El Juzgado Número 4 también declaró en diciembre de 2006 inadmisible el recurso de Piñeyro contra el acuerdo del Concello de 2003 de darle licencia de construcción para el número 8 de la calle Príncipe.
El Juzgado Número 2 en abril de 2009 también rechazó el recurso del representante de la comunidad de propietarios de Santo Domingo contra el acuerdo municipal de octubre de 2007 de darle licencia de reforma y ampliación al promotor para estos edificios. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en noviembre de 2010, también desestimó la apelación de los propietarios contra la sentencia del juzgado y además le condenó al pago de las costas.
