"Trabajo de limpiadora y cobro 300 euros. No puedo pagar la hipoteca", dice nerviosa Esther Roca, la joven de 35 años que va a perder su vivienda de la avenida de Monelos. La afectada cuenta que está divorciada y que tiene dos hijos de 8 y 2 años. Su exmarido está sin trabajo y ya se le acabó el paro. "La situación es muy mala. Estoy muy nerviosa. Solicité una vivienda a la Xunta y me la concedieron por cinco años, pero el problema es que el precio que se pague en la subasta por el piso no llega para cubrir la deuda. Creo que quedándose con el piso ya están suficientemente pagados", subraya la joven, que ayer se concentró junto con una treintena de personas a las puertas de la entidad que le reclama 120.000 euros.

La afectada solicita al banco que cancele su deuda a cambio de la vivienda, algo a lo que se niega. La mujer compró el inmueble en la avenida de Monelos con la que era su pareja en 2003 y pagaron la hipoteca todos los meses hasta 2008, cuando los dos se quedaron en el paro. "Intentamos llegar a un acuerdo con el banco, pero no quisieron y ahora nos cobran intereses. Quiero dar las gracias a todos por su apoyo", manifestó la joven.

"Stop Desahucios; no hay pan para tanto chorizo; casa en dación, una solución; se va a acabar, se va a acabar para los bancos desahuciar", exclamaban una y otra vez los miembros de la organización Stop Desahucios, que nació dentro del movimiento 15-M. Los manifestantes trataron de entregarle ayer una carta al director del banco, pero la entidad tenía cerradas sus puertas. "Normalmente siempre se puede pasar, pero cerraron por dentro", aseguraba la afectada. Algunos de los trabajadores de otras entidades financieras cercanas a la que concedió la hipoteca a la joven observaron entre las persianas de sus oficinas la protesta hacia la competencia.

"El banco le penalizó con unos intereses del 24%, son unos usureros. Esa penalización es una clara muestra de ello. Sabemos que tiene una situación personal bastante complicada porque el banco se niega a aceptar el piso", destaca Joaquín Díaz, uno de los manifestantes. La organización Stop Desahucios advierte de que seguirá con sus protestas para tratar de que la entidad bancaria dé una solución a Esther.

El colectivo recalca que la deuda de la joven no era "escandalosa" cuando dejó de pagar la hipoteca. "Debía 75.000 euros cuando se quedó en paro y la vivienda la habían tasado en 105.000 euros. Recibió la ejecución de la deuda por 90.000 euros, pero el banco no le aceptó el piso y ahora los intereses de demora son del 24% es decir, que pasó a 120.000 euros. El piso se subastará, pero si el precio no cubre la deuda, quedará afectada la vivienda de sus suegros", explicó un representante de Stop Desahucios, quien advirtió de que el banco, si nadie adquiere el inmueble en la subasta, podrá comprarlo por 54.000 euros.

El año pasado en la ciudad 489 familias fueron desahuciadas de sus inmuebles, la mayoría por impago de alquiler. La crisis económica y la nueva normativa que permite echar a los inquilinos que no pagan en unos meses provocan que incremente el número de lanzamientos que cada año se registran en A Coruña.