Recuperar la antigua prisión provincial junto a la Torre de Hércules no salió gratis. El Ayuntamiento pagó en 2005, cuando todavía era alcalde Francisco Vázquez, 1,12 millones de euros al Estado, además de una parcela de nueve mil metros cuadrados. La privilegiada vecina de la Torre de Hércules, protagonista de la memoria histórica de la ciudad, sigue sin reinsertarse después de seis años. El Ministerio del Interior reconoce negociaciones con el anterior Ejecutivo municipal, sin retomar desde el cambio en María Pita. Así lo admite también el actual Gobierno local, que aunque manifiesta tenerla en sus pensamientos, carece de planes para la prisión abandonada.

La sede coruñesa del Colexio Oficial de Arquitectos (COAG) ha decidido dirigir las miradas hacia la cárcel de la Torre, con motivo del Día Internacional de la Arquitectura, que se celebra mañana. Alertan de que el inmueble, del que destacan su valor arquitectónico e histórico, precisa de una pronta reforma "antes de que se deteriore más".

Lo cierto es que, a día de hoy, el convenio firmado por el Concello coruñés e Instituciones Penitenciarias sigue sin culminarse. En él, la ciudad recibía en propiedad la antigua prisión provincial, que ocupa 12.792 metros cuadrados: con 7.178 metros cuadrados construidos y 8.889 de superficie descubierta.

El acuerdo estipulaba que los terrenos no se desafectarían hasta que entrase en funcionamiento el nuevo centro de reinserción, levantado en la parcela entregada a Interior a cambio de la cesión del inmueble. El centro comenzó a operar hace más de dos años, pero la prisión persiste en su abandono, mientras escucha los múltiples planes sin concretar de los Gobiernos municipales. Solo una serie de actividades culturales avaladas por la anterior Concejalía de Cultura devolvieron la vida al interior del edificio.

Ya la idea de Vázquez cuando se adquirió la prisión era bastante vaga. El exregidor pretendía destinar el inmueble frente a la Torre a "fines culturales y sociales y de carácter institucional". "Más o menos tengo la idea", afirmaba por aquel entonces el exembajador, que no concretó más el proyecto para el penal.

Su sucesor en el cargo, Javier Losada, anunció con orgullo que el inmueble penitenciario se convertiría en un parador nacional de turismo, para lo que, aseguró, contaba con el compromiso del Ejecutivo central, algo que nunca se llegó a llevar al papel y condicionado por los recortes presupuestarios.

No era de la misma idea su socio de gobierno, Henrique Tello, cuya idea de instalar un centro de interpretación de la Torre de Hércules salió reforzada de la reunión en Sevilla de la Unesco, en la que el faro fue nombrado patrimonio de la humanidad. Tampoco fue el caso. En múltiples ocasiones, los vecinos de Monte Alto han pedido que la penitenciaría se rehabilite y se ponga al servicio del barrio en concreto y de los coruñeses en general: un centro sociocultural a modo de gran centro cívico para disfrute de los ciudadanos, petición que tampoco fue recogida por ninguno de los partidos que han gobernado en el palacio de María Pita.

En cuanto al nuevo Ejecutivo del Partido Popular, aseguran que la prisión está en su agenda, pero no concretan de qué forma ni en qué hoja del calendario se retomarán las conversaciones con la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, de quien depende la desafectación.

La concejal de Cultura, Ana Fernández, recibió la pasada semana a la plataforma Proxecto Cárcere, quienes le piden que vuelva a pedir permisos p ara volver a realizar actos en el interior del edificio. La edil les mostró su disposición pero aplazó cualquier decisión a la disponibilidad económica. Y es que, según argumentó, el Ágora es la prioridad absoluta ahora.