El grupo municipal del BNG presentó enmiendas a las ordenanzas fiscales que hoy se aprobarán en el pleno, entre las que destaca la propuesta de exención de precios públicos por prestación de servicios del Concello a las personas en situación de desempleo o a aquellas receptoras de pensiones de la Seguridad Social en la cuantía mínima establecida. Dentro de este capítulo, los nacionalistas también piden que se elimine la tarifa por la celebración de bodas civiles en el Palacio Municipal de María Pita, que ahora está fijada en 125 euros porque se trata, defienden, de una "ceremonia en un espacio municipal público al que la gente debe tener derecho de manera gratuita". Y es que reclaman que se actúe como en el caso de los matrimonios celebrados en sede judicial, que tienen coste cero para los contrayentes y donde, añaden, las formalidades protocolarias se restringen a lo "estrictamente necesario".

Sobre los impuestos municipales, el Bloque propone dos bonificaciones en dos tributos relacionados con el urbanismo. En el caso del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) sugiere que se reduzca en un 50% a las familias numerosas y en un 90% para aquellas que tengan entre sus miembros a alguna persona con discapacidad. Aseguran fuentes de la formación que "nada impide legalmente" incrementar el beneficio para estos colectivos y añaden otra ventaja, del 50%, en aquellos edificios que tengan instalados sistemas de aprovechamiento término o eléctrico de energía social. Otro tanto se descontaría, según reclaman desde el grupo municipal del BNG, para los inmuebles que estén situados en zonas rurales del ayuntamiento y que carezcan de los servicios y dotaciones de agua y saneamiento.

En el caso del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, los nacionalistas piden un descuento del 20% para las parejas de hecho que, denuncian, no aparece reflejado en el documento municipal de manera expresa en los colectivos beneficiados por las bonificaciones del Gobierno local.

Desde el grupo de la oposición defienden que se reduzcan las cuantías que deben pagar al Concello los colectivos sociales y, en el caso del IBI, también a aquellas personas que no disfrutan de dotaciones y servicios.