"Empezar las cosas por los cimientos". Eso va a hacer el Gobierno local con la ordenanza municipal que regula la venta temporal en la ciudad después de que, tal y como reconoció ayer el primer teniente de alcalde, Julio Flores, "un repunte de venta ilegal" propiciase la ejecución de dos intervenciones de productos de vendedores sin licencia en una semana en San Agustín y que este control se extendiese al mercadillo de A Sardiñeira. "Hay que estudiar la ordenanza de venta ambulante, que está desfasada y lleva bastante tiempo sin actualizarse", advirtió el concejal. Eso sí, mientras no se modifica el documento, en vigor desde octubre de 1981, la Policía Local continuará "haciendo su trabajo", es decir, "aplicando la normativa vigente".

Flores descartó la opción de aumentar el número de licencias para la venta temporal, o de agilizar los trámites de las mismas y establecer nuevos emplazamientos para posibles mercadillos, mientras no se revise la ordenanza que regula este tipo de actuaciones y permisos. "Una vez hagamos esto (revisar el documento) y podamos debatir con el resto de grupos políticos esa nueva ordenanza de venta ambulante podremos estudiar nuevas ubicaciones, pero ahora mismo lo que tenemos que hacer es aplicar la ordenanza que tenemos, y la Policía Local es lo que está haciendo", explicó el responsable de la Concejalía de Seguridad y Movilidad.

Cuestionado sobre las redadas realizadas la pasada semana por agentes del 092 en las inmediaciones del mercado de San Agustín y A Sardiñeira, Flores achacó "el repunte" de venta ilegal a "personas que proceden de países del Este" y recordó que la labor policial ante estas situaciones consiste en "tratar de identificar y ver que estas personas tienen autorización y, si no la tienen, incautarse de la mercancía que están vendiendo".

Durante el pasado fin de semana, la Policía Local decomisó, con motivo del dispositivo efectuado en la calle Pío XII, un ventilador usado y deteriorado, una báscula de cocina, herramientas, bombillas y un metro de medida que se sumaron a los objetos incautados, en la misma zona, el pasado miércoles. Concretamente, según informaron desde el palacio de María Pita, el remolque municipal se llenó con libros usados, material electrónico viejo, pantallas de ordenador, muñecos de trapo y DVD.

Uno de los afectados por la intervención del domingo, Álex Luca, denunció la elevada frecuencia de las redadas y confesó que, en alguna ocasión, recibió un trato vejatorio por parte de los agentes municipales. "No vendemos droga ni robamos ni molestamos a nadie, solo queremos cuidar de nuestras familias y pagar el alquiler", explicó el comerciante. Según Luca, las dos decenas de personas a las que se les retiró la mercancía se quejan de que no poseen la licencia pertinente porque la tramitación del Ayuntamiento se alarga, de media, dos o tres años.

La ordenanza municipal que regula "el otorgamiento de licencias para el uso común especial normal de bienes de dominio público con la utilización de puestos temporales de venta" está, en palabras del primer teniente de alcalde, "desfasada". La normativa establece en su quinto artículo que los puestos "serán ambulantes y transportables, con un tamaño máximo de un metro y medio de largo por uno de ancho" y que tanto la autorización municipal como la licencia fiscal deberán exhibirse en el puesto de venta respectivo.

La "comprobación de extralimitaciones" o la "inobservancia de las condiciones específicas establecidas" conlleva, según la ordenanza de 1981, "la imposición de sanciones económicas dentro de los límites autorizados, la revocación o anulación de la licencia y la inhabilitación para obtener nuevo permiso por el periodo de un año".

La normativa establece también que "las actividades habrán de ser ejercidas directamente por los titulares de las licencias", con la única excepción de "casos de enfermedad u otra causa de fuerza mayor justificada". Además, "serán motivos de caducidad y anulación de las licencias": promover escándalos, discusiones o disturbios "de cualquier clase"; dispensar "malos tratos" a los compradores; y una falta de limpieza en el puesto "o en la zona inmediata al mismo" y no contar con papeleras o depósitos para los residuos.