El exconcejal socialista Carlos González-Garcés y su familia poseían una finca en el Agra de San Amaro destinada a parque público que, en 1998, el Ayuntamiento recalificó para otorgarle una edificabilidad de la que carecía y salvó del proyecto de expropiación que sí afectó a terrenos del entorno, además de asignarle un aprovechamiento urbanístico que revalorizó la propiedad. Además, el terreno que era no urbanizable en el plan general de 1985 pasó a urbano en el de 1998.
El exedil, una vez recalificada la finca, la vendió en 2000 a Fadesa y se evitó el perjuicio que tiene ahora esta promotora y otras propietarias que no pueden construir los seis edificios y el área comercial que proyectaban en el Agra de San Amaro ante la denegación de licencias del Ayuntamiento en 2011 tras el informe de la Xunta después de la declaración de la Torre como Patrimonio de la Humanidad que obliga a preservar las vistas.
La recalificación de la finca fue promovida, a través del plan general de 1998, por el Gobierno local que entonces presidía Francisco Vázquez y del que Garcés formaba parte. El exconcejal y su familia vendieron en 2000 pero aún les queda un pago sin cobrar a día de hoy y tienen derecho de reversión.
El exconcejal socialista y ahora presidente de la Coral Polifónica El Eco era propietario pro indiviso junto a su madre y hermanos de la finca A Barresca, situada en el Agra de San Amaro, en virtud de una herencia. La finca de los Garcés estaba situada entre las pistas deportivas de la Torre y el campo de golf municipal y tenía una superficie de 3.488 metros cuadrados.
El terreno de los Garcés estaba incluido tanto en el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de 1985 como en el Plan Especial de Protección de la Torre de 1997 como sistema general del parque público del faro romano y como no estaba incluido ni adscrito a ninguna área de reparto no tenía atribuido aprovechamiento, por lo que debía obtenerse por el sistema de expropiación.
El PGOM de A Coruña aprobado en 1998, sin embargo, incluyó la finca familiar del exedil y alguna otra dentro del sector u área de reparto del Agra de San Amaro y, por lo tanto, la dejó a salvo del proyecto de expropiación para la protección de la Torre, que sí afectó a otros 32 propietarios del entorno. El plan general de 1998, al incluir el terreno de Garcés en este sector residencial, también le atribuyó una edificabilidad de la que carecía hasta ese momento.
El terreno del exedil, al destinarse a sistema general de espacios libres y zonas verdes públicas e incluirse en una futura urbanización su obtención por parte del Ayuntamiento fue gratuita (en la actualidad forma parte del equipamiento deportivo de la Torre), pero a cambio de darle un aprovechamiento urbanístico, y el Concello se lo otorgó en dos polígonos del sector anexo de San Amaro.
En uno de ellos le dio la mayoría del aprovechamiento: 1.802 metros cuadrados de edificabilidad residencial en la parcela C1 del polígono del Agra más 770 metros de aprovechamiento por el uso comercial y el aparcamiento.
El Ayuntamiento delimitó el sector de San Amaro debido a los convenios con propietarios que había firmado el entonces concejal de Urbanismo Salvador Fernández Moreda en 1993.
En dichos convenios los propietarios cedían terrenos anticipadamente para construir el paseo marítimo a cambio de la recalificación en el futuro PGOM con una elevada edificabilidad, 1,5 metros cuadrados por metro cuadrado. A pesar de que la finca de Garcés no fue ocupada por el paseo marítimo, fue incluida en la misma urbanización al igual que las de otros propietarios que sí cedieron para el paseo.
Un año después de que el plan general urbano de 1998 recalificase y, por lo tanto, revalorizase la finca de los Garcés, la madre y los hermanos del exconcejal le otorgaron un poder, concretamente el 28 de octubre de 1999, para vender, enajenar y participar en el proyecto de compensación de la urbanización del Agra de San Amaro.
Carlos González-Garcés, como copropietario y apoderado, formó parte de la junta de compensación para desarrollar la zona residencial de San Amaro.
Cuando la Junta de Gobierno local aprobó de forma definitiva el proyecto de compensación de este sector en 2008, todos los concejales del PSOE votaron a favor (el BNG se abstuvo) pero González-Garcés se ausentó en la votación "por tener interés directo en el asunto", según consta en el acta de esa sesión.
Años antes, en 2001, el pleno del Concello ya había aprobado el estudio de detalle para ordenar este ámbito. En aquella sesión, Garcés abandonó el salón de sesiones durante el debate del estudio de detalle y evitó votar ese documento.
En 2002 se aprobó otro estudio de detalle, refundido, redactado por César Otero Grille, nombrado ahora director de Urbanismo del Concello por el alcalde Carlos Negreira, quién recientemente calificó de "mamotretos" los edificios que se ordenaron en el estudio de detalle.
El Concello recalificó la parcela de González Garcés y también las de algunos otros, lo que llevó al resto de dueños del entorno, que fue expropiado, a presentar recursos contra el proyecto de expropiación acordado por Xunta y Concello.
Recurso de expropiados
Es decir, mientras un pequeño grupo de propietarios, Garcés y su familia entre ellos, disfrutaron de la revalorización que supone que un terreno pase de ser no edificable a edificable, 32 particulares dueños de fincas en el entorno vieron cómo sus terrenos eran expropiados a 11,36 euros el metro cuadrado, cantidad que después el Jurado Provincial de Expropiación elevó a 19,60 euros.
Los afectados que recurrieron la expropiación aseguraron en el juicio que el Concello, a determinados propietarios de la zona, no solo no les expropió, sino que les recalificó sus terrenos, supuestamente, según dijeron, en virtud de unos convenios que firmaron con el Concello, razón por la que alegaron trato discriminatorio.
Uno de estos recursos aún acaba de resolverse definitivamente hace unas semanas: el Tribunal Supremo desestimó la petición de un propietario de anular el valor expropiatorio de sus terrenos acordado en 1998.
El proyecto de expropiación forzosa fue aprobado definitivamente por la Xunta en abril de 1998 con el fin de ejecutar el Plan Especial de Ordenación, Protección, Conservación y Mejora de la Península de la Torre. El Concello inició la expropiación en el entorno de la Torre pero no expropió ningún terreno del sector del Agra de San Amaro.
Unos meses después de acordar dicha expropiación, el Ayuntamiento aprobó el PGOM de 1998 que recalificó aquellos terrenos no expropiados, el de la familia Garcés y otros propietarios, y que son los que hoy integran el sector donde unos promotores exigen indemnización por no poder construir los edificios y zona comercial que les permitía el plan del 98 y también el PGOM aprobado inicialmente en 2009.
