El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) delibera desde el pasado lunes si existen indicios de delito como para solicitar a la Fiscalía que abra un juicio penal contra el alcalde, Carlos Negreira, por desobedecer la sentencia y autos que ordenan el derribo del edificio Conde de Fenosa; y si además se le debe imponer multas coercitivas de 1.500 euros que tendría que abonar de su bolsillo periódicamente hasta que ejecute la demolición.
El denunciante de la ilegalidad de este edificio, Valentín Souto, advirtió el pasado 19 de octubre que había finalizado el "periodo de cortesía" que le había otorgado al nuevo Gobierno local para que ejecutase la sentencia y, al ver que el Ejecutivo, al igual que el anterior, parece remiso a acatar el fallo judicial, optó por presentar un escrito ante el Tribunal Superior el pasado 26 de octubre en el que solicita la imposición de las multas y que se inicie el proceso para "exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder".
El TSXG emitió una providencia el pasado 11 de noviembre en la que dio cuenta del escrito del denunciante y otorgó un plazo de diez días para oír lo que tenían que decir al respecto las partes (Concello, comunidad de propietarios y Martinsa-Fadesa). Este plazo terminó el pasado lunes, día 29, por lo que ahora los magistrados deliberan si hay causa para solicitar al fiscal que abra proceso penal y se imponga las multas coercitivas a Carlos Negreira hasta que éste ordene la demolición.
El letrado del denunciante presentó esta petición justo después de que el director de Urbanismo, César Otero Grille, emitiese una resolución el 20 de octubre en la que no reclama a Martinsa-Fadesa que ejecute la sentencia de demolición sino que acuerda "iniciar el procedimiento para la reposición de la legalidad acordada por la sentencia", cuando dicho fallo, confirmado por diferentes autos, no supone reponer la legalidad sino demoler.
El responsable de Urbanismo, además, solicitó a Martinsa-Fadesa que presentase en el plazo de un mes un "documento refundido" sobre las obras de rehabilitación ejecutadas que incluya todos los trabajos ejecutados al amparo de la licencia anulada y cita tres de las cuatro causas de nulidad que observaron los magistrados: las dimensiones del patio posterior, el incumplimiento del número de plazas de garaje y la falta de alzados para el estudio de integración estética en el entorno urbano.
El Gobierno municipal, sin embargo, omitió solicitar a Fadesa que incluyera en este refundido un análisis de la razón fundamental por la que los magistrados anularon la licencia del edificio Fenosa: se le dio permiso para una rehabilitación integral a un edificio fuera de ordenación.
César Otero Grille pidió a Martinsa-Fadesa que presentase este "proyecto refundido" cuando la promotora ya había entregado un "refundido de la situación final del edificio", visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) el 4 de agosto de 1999.
Este refundido fue autorizado por licencia de la comisión de gobierno el 29 de noviembre de ese año 1999 y tanto el Tribunal Superior como el Supremo ya se pronunciaron al declarar que no legalizaba la edificación porque subsistía la causa fundamental, que en un inmueble fuera de ordenación no puede haber rehabilitación integral. La sentencia del Tribunal Superior de 2001 fue clara al exponer que conceder licencia de rehabilitación integral a un edificio fuera de ordenación constituye "un límite infranqueable".
Grille también requirió a la comunidad de propietarios del edificio de la calle Fernando Macías que aportasen la documentación acreditativa sobre el número de plazas de aparcamiento que existen (se computaron plazas de otro edificio anexo para llegar el número mínimo exigido).
Una vez que el director de Urbanismo concedió este plazo de un mes a Fadesa para presentar otro refundido (lo que dilata aún más en el tiempo la ejecución y por lo tanto el cumplimiento de la sentencia), la empresa presentó un escrito dirigido a Urbanismo el pasado 21 de noviembre en el que solicita al Ayuntamiento de A Coruña una "ampliación del plazo" para presentar este documento debido a la "complejidad del expediente".
El Ejecutivo anunció recientemente que volverá a otorgar licencias a partir de diciembre pero ya de acuerdo al plan general de 1998 pues el nuevo aún no se ha aprobado de forma definitiva. Cualquier posible licencia que se otorgue ahora para el edificio sería de acuerdo con el plan de 1998, un documento urbanístico que tanto el TSXG como el Supremo ya manifestaron que no legalizaba lo construido.
