Un caso similar al que puede darse en A Coruña ocurrió en el concello de Arzúa este mismo año. El Partido Popular presentó una denuncia contra el alcalde y candidato a la reelección porque no acató una sentencia de demolición de un edificio con orden judicial de derribo. El regidor de Arzúa, del BNG, fue condenado a seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público al aplicársele el artículo 410 del Código Penal y no pudo presentarse a las elecciones. El alcalde de A Coruña, Carlos Negreira, puede alegar que él acaba de llegar al Ayuntamiento y que fue el anterior Gobierno el que creó el problema y el que no acató la sentencia porque presentó sucesivos recursos para alargar el proceso en el tiempo.

Al alcalde de Arzúa, no obstante, lo condenaron porque no ejecutó una resolución judicial de demolición que había sido dictada cuando había otro regidor, del PP, y este en seis años tampoco cumplió la sentencia.

Otro posible precedente es el del alcalde de A Guarda, del PSOE, que ya acumula cuatro multas coercitivas (de 1.200 euros cada una) por no ejecutar el derribo de unas viviendas unifamiliares cuya licencia (de 1997) también fue anulada.