El juicio por la muerte del niño Diego Novo en la piscina del colegio Liceo se retrasará más de lo previsto debido a la tardanza del escrito de acusación. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 emitió el pasado 1 de octubre el auto en el que daba por finalizadas las diligencias de investigación y en el que solicitaba a la Fiscalía y al abogado que representa a la familia del pequeño que presentaran sus respectivos escritos de acusación en un plazo de diez días. La Fiscalía, sin embargo, todavía no ha remitido su escrito, imprescindible para que se marque fecha para la vista oral, a pesar de que ya han pasado más de dos meses desde la emisión del auto.
En total, serán siete los acusados que comparecerán ante el juez en la vista oral: los dos propietarios del colegio Liceo La Paz, el jefe de estudios, el director técnico, el coordinador de la piscina, la monitora y el socorrista. La juez concluyó que hay indicios de que estas siete personas cometieron un delito de homicidio por imprudencia, por el que podrían ser condenadas, según establece el Código Penal, a condenas de entre uno y cuatro años de prisión.
La magistrada expuso que tanto la monitora como el socorrista son "las personas bajo cuya vigilancia se desarrolla la clase de natación" y, por tanto, aquellas que tienen la función de supervisar a los pequeños durante las mismas. Sobre los propietarios, la juez considera que deben ser juzgados como "responsables últimos del centro y, en consecuencia, de todas las actividades que se desarrollan dentro del mismo".
La juez también considera responsables de un delito de homicidio imprudente al coordinador de la piscina y a las dos personas que están inmediatamente por encima de él en el organigrama del centro: el jefe de estudios y el director técnico del colegio.
Aunque la juez únicamente había detectado indicios de delito en la forma de proceder del socorrista y de la monitora, por ser los encargados directos de supervisar la clase de natación tras la que falleció el pequeño, un recurso presentado por la familia del menor exigió responsabilidades a la dirección del colegio y al jefe de estudios y motivó que la lista de personas que deberán sentarse en el banquillo se ampliara.
"El fallecimiento del menor ha sido consecuencia de una concatenación de múltiples y gravísimas negligencias de las que han de responder, no solo las personas que se encontraban directamente a cargo del grupo de niños al que Diego pertenecía, sino también aquellas otras que, de una u otra manera, han omitido los más elementales deberes de cuidado y vigilancia", exigía el abogado de la familia de la víctima, José Luis Gutiérrez Aranguren, en uno de los escritos en los que solicitó a la magistrada la imputación de los máximos responsables del colegio Liceo.
La Audiencia Provincial dio la razón a la acusación particular en diciembre de 2010, al determinar que existen indicios de delito en la actuación del director, del coordinador de la actividad y de los propietarios del centro.
Las investigaciones, los autos y los recursos tardaron en resolverse más de dos años -el menor se ahogó en marzo de 2009-. La emisión del llamado auto de transformación de diligencias previas a procedimiento abreviado parecía aproximar la fijación de una fecha para el juicio, aunque el escrito de acusación de Fiscalía se está retrasando más de lo esperado -debería estar listo diez días después de la fecha de emisión del auto y, sin embargo, han pasado más de dos meses desde que la magistrada dio por terminadas las investigaciones con siete imputados-.
