Un total de 2.600 establecimientos de la provincia de A Coruña están obligados por ley a disponer de medidas de seguridad privada.
Así lo ha destacado esta mañana el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Jorge Atán, quien ha presidido la comisión mixta provincial de seguridad privada.
De estos establecimientos, la mayoría (1.151) son entidades bancarias, seguidos de farmacias (543); joyerías y establecimientos dedicados a la compra-venta de oro (533), y estaciones de servicio (241), además de establecimientos de loterías y de juego y galerías de arte.
En estos momentos casi 3.000 personas trabajan en la provincia en el sector, con un ligero incremento respecto al año anterior.
La Policía Nacional, a través de la unidad territorial de seguridad privada, es la encargada del control, la supervisión y el asesoramiento de todos los integrantes de la seguridad privada.
Asimismo, debe encargarse de comprobar la idoneidad de las medidas que utilizan los establecimientos.
En 2011 se realizaron en la provincia 1.500 inspecciones de este tipo.
A la reunión de esta mañana, junto al subdelegado del Gobierno en A Coruña, asistieron la vicesecretaria general de la Delegación del Gobierno, Eva Vázquez; el comisario provincial del Cuerpo Nacional de Policía, José Luis Balseiro, y el comisario provincial de la Brigada de Seguridad Ciudadana del CNP, Silverio Blanco.
También estuvieron presentes el jefe de Información de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña, Julio González, y representantes de las asociaciones de empresas de seguridad privada, empresas afectadas por la ley, ayuntamientos y sindicatos.
Además de evaluar la situación actual del sector, se presentó ante el plan integral de colaboración entre la policía nacional y la seguridad privada, denominado red azul, que ha puesto en marcha recientemente el Ministerio del Interior.
Este plan promueve un proceso de cambio que pretende alcanzar un modelo profesional de complementariedad y corresponsabilidad para aprovechar los recursos del sector privado en la seguridad pública.
Su finalidad es reforzar la integración de los servicios y capacidades de la Seguridad Privada como recurso externo del sistema nacional de seguridad para aprovecharlos en beneficio de la seguridad de todos.
