La Audiencia Provincial ha absuelto al octogenario que compareció el pasado martes ante el tribunal como acusado de haber agredido sexualmente a su esposa tras haberla maltratado durante más de medio siglo. Los magistrados consideran que la única prueba inculpatoria fue la declaración de la denunciante, que consideran insuficiente por arrojar el mismo "una serie de dudas acerca de la veracidad de los hechos".

La mujer había asegurado que el procesado la insultaba a diario, que le pegaba, que la lesionaba al mantener sexo con ella por su actitud violenta, que la amenazó con instrumentos como un martillo y una silla, que la forzaba a ver junto a él revistas pornográficas e incluso que, en una ocasión, la violó tras tirarla al suelo en el pasillo del domicilio familiar. El tribunal defiende en la sentencia que ninguno de estos hechos queda acreditado con las declaraciones pronunciadas por la denunciante.

"Del contenido testimonial referido, deviene cierta debilidad probatoria, al no existir solidez suficiente para fundamentar un pronunciamiento condenatorio como el que pretende la acusación pública", expone el tribunal en el apartado de la sentencia sobre los fundamentos jurídicos.

También menciona el tribunal el hecho de que no se haya mostrado en el juicio ningún informe médico que recogiera todas las lesiones que dijo haber sufrido la mujer. "El médico forense manifestó que, en la exploración, la señora no tenía signos externos de agresiones ni de violaciones", explica.

Otra de las circunstancias que ha llevado a la Audiencia Provincial a dictar una sentencia absolutoria ha sido la negativa de dos hijos de la pareja a declarar en el juicio. A pesar de que ambos sí habían prestado testimonio previamente y de que la propia denunciante dijo en la vista que ambos habían contemplado episodios de maltrato, ninguno quiso responder a las preguntas de Fiscalía y defensa.

El absuelto, que estuvo representado por el abogado Javier Tajes, había negado todas las acusaciones de su exmujer, a la que acusó de haber inventado los episodios de maltrato con el único objetivo de quedarse con la casa en la que ambos habían residido durante los 54 años que duró el matrimonio. "Lo que quieren ellos es la casa", había declarado el procesado en referencia a la denunciante y a los hijos.

Durante el juicio, la defensa había preguntado a la mujer por qué había tardado tanto tiempo en denunciar -decía haber sufrido maltrato durante 54 años-. Ella respondió que, a pesar de lo que sufría, su deseo era salvar el matrimonio e incluso llegó a asegurar que había fingido que lesiones que le había causado su marido eran por caídas para encubrirlo.

El Ministerio público había solicitado para el procesado una pena total de trece años y nueve meses de prisión.