El ministro de Defensa, Pedro Morenés, comprende los motivos de General Dynamics para aplicar un expediente de regulación de empleo en Santa Bárbara Sistemas que supondrá el despido de 700 empleados, la mitad de su plantilla en España, y el cierre de su fábrica de armas en A Coruña. En la sesión de control al Gobierno en el Senado, Morenés, respecto al ERE, defendió que la industria de defensa de española "está llevando a cabo los cambios que, a su criterio, son necesarios para adaptarse y sobrevivir dada la caída del poder adquisitivo del que era su principal cliente", el Ministerio de Defensa.

Ante la drástica medida presentada por la empresa con el argumento de que es inevitable para garantizar la viabilidad de Santa Bárbara Sistemas, el ministro aseguró que el Gobierno "trabaja todos los días para garantizar la supervivencia del sector estratégico y productivo que es la defensa". "Las dificultades por las que atraviesan las empresas son perfectamente comprensibles y no sorprenden a este Gobierno que desde el primer momento se ha volcado en articular respuestas a los problemas del sector", expuso, para añadir que la política industrial del Ejecutivo consiste en primer lugar "en arreglar el desaguisado económico" que, a su juicio, dejó el PSOE y en "pagar las deudas".

Pedro Morenés acusó al PSOE de haber desarrollado una política industrial en Defensa que consistía "simplemente en no pagar", dejando de abonar "más de 1.000 millones correspondientes a los años 2010 y 2011". "Cuando propusimos abonarlos como condición indispensable para recuperar la credibilidad, la renegociación de los programas y la salvaguardia de un sector estratégico, ustedes votaron en contra", recriminó a los socialistas.

El senador socialista por Sevilla, Enrique Abad, criticó al ministro por quedarse "en el lamento" y no contestar a la pregunta sobre el ERE. Ironizó con que "es difícil defender la desvinculación total entre Defensa y el grupo Santa Bárbara" al tratarse de una empresa privatizada en 2001 siendo presidente José María Aznar, "o cuando esta multinacional no paga el IVA porque sus fábricas están en terrenos dedicados a la Defensa Nacional".

Abad exigió al Ejecutivo, "como dueño de las instalaciones y principal cliente de la multinacional", que reclame la anulación de esta reducción de plantilla y los cumplimientos de los compromisos de inversión aprobados por el Gobierno". "Convoque a la empresa y a los sindicatos de Santa Bárbara a una mesa de diálogo que posibilite la sostenibilidad de su actividad en todos los centros de trabajo", demandó.

Pese al tibio compromiso del ministro ante el ERE -su departamento ya lo había considerado una decisión soberana de la empresa-, el alcalde, Carlos Negreira, insistió ayer en que el Ayuntamiento persigue que el Gobierno central "se sume de forma decidida" a la oposición al cierre de la fábrica y la pérdida de empleos en España por ser "un tema de interés general".

El grupo popular en el Congreso anunció ayer que presentará una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a "continuar apoyando, dentro del marco de la austeridad actual, la carga de trabajo vinculada a los programas especiales de armamento y, con ello, los puestos de trabajo y la investigación asociados en los centros de producción relacionados con la industria de Defensa, así como facilitar el máximo soporte a su actividad comercial en el mercado internacional".

Los populares, tras reunirse en el Congreso con miembros del comité de empresa, anunciaron que buscarán "el acuerdo parlamentario" con otros grupos, a los que se refirió como los que "solicitaron el recorte drástico del presupuesto de Defensa". El PP tumbó la semana pasada en la Cámara baja una iniciativa del PSOE para instar al Gobierno a exigir a General Dynamics la retirada del ERE.