Ayuntamiento y Defensa suscribieron en 1984 un acuerdo para la devolución a la ciudad de un amplio número de instalaciones militares, como los cuarteles de Macanaz y A Maestranza, el polvorín de punta Herminia y la batería de costa de San Pedro, así como para la venta de los complejos castrenses de Zalaeta, San Amaro, Corralón y La Granja. Las primeras propiedades pasaron a manos públicas y se convirtieron en las sedes de la Fundación Luis Seoane y el rectorado en los dos primeros casos, así como en zonas verdes los dos siguientes. Los cuarteles que fueron vendidos dejaron paso a bloques de viviendas que transformaron por completo el aspecto de los barrios en los que se hallaban los edificios militares.