El proceso de privatización de la Empresa Nacional Santa Bárbara (ENSB) impulsado por la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) arrancó en diciembre de 1998 -si bien el Gobierno no aprobó su venta hasta 2001- con los objetivos de "encontrar socio tecnológico para aportar nuevas tecnologías, contratos y nuevos mercados". Del total de 53 potenciales compradores con los que estableció contacto la SEPI, solo tres presentaron oferta: Kraus Maffei Wegmann/Rheinmetall, Unión Española de Explosivos y General Dynamics. Los motivos por los que la SEPI optó por esta última, considerándola "la garantía de futuro", se recogen en sus informes de la época:
Mantenimiento de plantilla. La opción de General Dynamics frente a la empresa alemana, su principal competidora, fue el compromiso de la norteamericana de mantener, durante un mínimo de cinco años, los 2.033 trabajadores en nómina en 2001. Krauss-Maffei se comprometía a operar aplicando una reestructuración de la empresa que reduciría la plantilla a 1.700 empleados.
Continuidad de todas las factorías. Otra de las cláusulas obligaba a la empresa a mantener la actividad en todas y cada una de las fábricas durante cinco años. Esto evitaba que la empresa pudiese echar el cierre en algunas factorías recolocando a los empleados en las que continuasen operativas.
E"Consolidación" de Santa Bárbara en el sector del armamento y la munición. La SEPI consideraba que el plan industrial de Kraus Maffei se centraba en el sector de los blindados dejando de lado la artillería y la munición. La sociedad pública criticaba que la propuesta alemana "asignaba a Santa Bárbara una posición de subcontratista" frente a la de General Dynamics que "asumía plenamente la responsabilidad de la gestión para consolidar Santa Bárbara en el sector".
Incremento de la facturación. La multinacional norteamericana comprometía aumentar la facturación a Santa Bárbara en 13.800 millones de pesetas (83 millones de euros), principalmente mediante pedidos procedentes de Estados Unidos.
Conveniencias en el catálogo de productos. La Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) encontró redundancias entre los productos del catálogo de Krauss-Maffei y los del catálogo de Santa Bárbara. Por ejemplo, la empresa española estaba especializada en la elaboración del carro de combate Pizarro/Ascod, que competía directamente con el modelo Marder de los alemanes. A su vez, el Obús 155/52 remolcado, desarrollado por los alemanes, rivalizaba con algunos modelos fabricados por la compañía española. General Dynamics, por el contrario, carecía en su catálogo, según los informes de la SEPI, de vehículos como el Pizarro y sus obuses.
Menor coste para el Estado. En una presentación de la SEPI de 2010, la empresa defendía que el coste de privatización asumido por el Estado en caso de aceptar la oferta de General Dynamics sería de 153,86 millones de euros, frente a los 416,50 millones que supondría aceptando la oferta Krauss Maffei. Posteriores informes del Tribunal de Cuentas, publicados en enero de 2007, revelarían que la privatización de Santa Bárbara a General Dynamics costó al Gobierno central 500 millones de euros mientras que los norteamericanos pagaron por la compra, tan solo, cinco millones de euros.
Nuevas inversiones. Esta fue una de las bazas defendidas por la SEPI. La sociedad aseguraba que, "a diferencia de Krauss Maffei", General Dynamics ofrecía unas inversiones por importe de 10.000 millones de pesetas (60 millones de euros). El mismo informe del Tribunal de Cuentas alertó de que la empresa se retrasaba en su cumplimento.
