Reclamar ante la Administración puede convertirse en algo similar a estrellarse contra un muro, en especial si además se exige algo que afecta a un grupo reducido de ciudadanos, por mucho que la satisfacción de la demanda constituya un ejercicio de justicia social. Mónica Forteza sabe de todo esto, porque hace diez años comprobó por sí misma que los responsables municipales ni siquiera sabían cuál era el equipamiento de los autobuses urbanos y se inhibieron cuando esta discapacitada les instó a que corrigieran la ausencia de rampas para sillas de ruedas, un problema que solo se subsanó un año después.

Mónica fue recibida en 2002 por el entonces alcalde, Francisco Vázquez, a quien expuso que los buses de la Compañía de Tranvías no eran accesibles para personas como ella, lo que supuso una sorpresa para el regidor, que estaba convencido de que disponían de rampas. Vázquez prometió darle una respuesta en el plazo de un mes, pero la llamada no llegó nunca. Por eso, decidió que cuando el alcalde volviera a recibirla, lo haría respaldada por otros ciudadanos, lo que le llevó a reunir 18.000 firmas de apoyo a su petición de que los autobuses urbanos fuesen aptos para los discapacitados.

La joven ya había tenido una experiencia negativa con el concejal de Tráfico, José Nogueira, quien admitió la ausencia de las rampas pero que, según ella, le espetó: "No solo los minusválidos tenéis problemas en la vida". Su encuentro con la edil de Servicios Sociales, Mar Barcón, tampoco fue satisfactorio, ya que también ella creía que los buses llevaban rampas, puesto que el teléfono 010 informaba de ello. La hoy portavoz socialista no solo no se comprometió a remediar la situación, sino que incluso propuso a Mónica que hiciese un informe sobre el transporte público adaptado en Barcelona, en lugar de encargar esta tarea a los técnicos municipales.

Pese a todo, la joven elaboró el documento, aunque no pudo entregárselo al alcalde porque este no la volvió a recibir y cuando intentó entregárselo al Comité de Accesibilidad del Ayuntamiento y tomar parte en sus reuniones, le informaron de que este organismo de que no podría tramitar su queja porque solo se dedicaba a asesorar y no a transmitir reclamaciones.

En octubre de 2004, un año después de que Mónica Forteza entregase sus firmas en el palacio de María Pita, el Gobierno local presentaba los primeros autobuses con rampa de acceso para sillas de ruedas. En 2007, el Ayuntamiento preveía que en solo dos años todos los buses serían accesibles, ya que el Ministerio de Trabajo y Servicios Sociales pretendía ordenar la adaptación de todos los vehículos de transporte público.

Diez años más tarde de la iniciativa de la discapacitada coruñesa, casi todas las líneas de la Compañía de Tranvías cuentan con algún vehículo dotado de rampa, pero no toda la flota lo posee, por lo que quienes cuentan con problemas de movilidad deben informarse de los horarios de los buses accesibles antes de salir a la calle o hacerlo en los paneles instalados en algunas paradas.

En los últimos años se introdujeron algunas mejoras en la movilidad de los discapacitados, ya que se instalaron plataformas de hormigón en algunos puntos que permitían un despliegue adecuado de las rampas de los buses, aunque luego fueron sustituidas por el ensanchamiento de las aceras. La renovación anual de sus vehículos que efectúa la Compañía de Tranvías contribuye a que el número de buses adaptados sea cada vez mayor, pero todavía los hay inaccesibles para quienes, como Mónica, no pueden superar los escalones.