Los trabajadores de la fábrica de armas lanzarán a lo largo de esta semana sus últimos gritos de socorro para lograr del Ministerio de Defensa una respuesta que permita reactivar la actividad de la factoría. Los 61 empleados que fueron despedidos el pasado 28 de junio, tras no aceptar acogerse ni a las prejubilaciones ni a las bajas incentivadas, comenzarán un "encierro total e indefinido" en las instalaciones, que comenzó ayer a las 14.30 horas, y organizarán tres manifestaciones para esta semana. La primera saldrá hoy de la fábrica a las 10.00 horas y discurrirá por Alfonso Molina hasta llegar al edificio Proa. Mañana, el recorrido cambiará, marchando desde la fábrica hasta los edificios de la Xunta en la plaza Luis Seoane, y el jueves lo harán por As Xubias hasta llegar a la delegación del Gobierno.

El presidente del comité de empresa, Roberto Teijido, alegó que "la situación llega a punto final" sin que Xunta y Ministerio de Defensa hayan anunciado un desenlace definitivo en una semana en la que, advirtió, "General Dynamics puede tomar decisiones irreversibles", en referencia al desmantelamiento de maquinaria o al traslado de documentos técnicos cruciales para reactivar la producción.

"Dijimos que la Xunta fue tibia en este proceso aunque parece que esta semana ha tomado ya cartas en el asunto. Xunta y Defensa tienen mucho que decir, especialmente el Ministerio, que es el dueño de las instalaciones", manifestó. La apuesta de Teijido y del resto de los 61 empleados, afiliados a UGT, es por el grupo gallego IFFE. Con ellos, firmaron el pasado 30 de septiembre un acuerdo socio laboral, que preveía una reincorporación escalonada de los empleados despedidos a partir de noviembre, una caída salarial del 30% y un incremento de la jornada laboral de entre el 20% o el 30%. "Industria e IFFE ya han firmado unos escritos de compromiso. Feijóo dijo que faltaban algunos flecos y esperemos que mañana se resuelvan", manifestó.

Con respecto a la otra opción que se conoce, la procedente de un grupo de empresas gallego-navarras, el representante de los trabajadores aseguró que este proyecto "no huele bien" y alertó de que, según las informaciones que maneja el sindicato, la empresas integrantes son sociedades de reciente constitución, con un capital social de 3.000 euros, con pocos empleados y dedicadas al negocio de la construcción y la compraventa de chatarra y maquinaria. "Además, con nosotros nunca se han reunido", añadió Teijido.

El grupo IFFE, proyecto que hasta el momento cuenta con las mayores simpatías por parte, no solo de los empleados, si no también de la Xunta, permanece a la espera de una respuesta final del Ministerio de Defensa. Unas negociaciones que no están realizando directamente con el Gobierno central, sino a través de la Xunta y el Concello.

La propuesta de este grupo planea convertir la planta en un " polo de innovación" capaz de diversificar la producción a la industria armamentística y a otros sectores de la industria civil, como el aeronáutico.

General Dynamics también se encuentra a la espera de una decisión política. Fuentes de la multinacional reconocieron el viernes que esta será "una semana importante" e hicieron hincapié en que buena parte de los materiales que se encuentran en la planta coruñesa van a ser vendidos o trasladados "lo antes posible". Unos materiales que en algunos casos son fundamentales. Las líneas de producción que plantea IFFE y el grupo gallego-navarro solo podrían ser atendidas con la tecnología que hoy se encuentra en las naves del complejo de Pedralonga.

El alcalde, Carlos Negreira, recalcó ayer que no avanzará ninguna novedad sobre las conversaciones hasta que no finalicen las negociaciones, si bien reconoció que "se está trabajando todos los días a todas las horas". El portavoz del Gobierno local, Julio Flores, manifestó, en la misma línea, que "la Xunta ya ha hecho su trabajo y queda por ver la decisión de Defensa".

La portavoz del grupo municipal socialista, Mar Barcón, visitó en la tarde de ayer las instalaciones en la que permanecen encerrados los 61 trabajadores.

Sin embargo, los antiguos trabajadores de la planta afiliados a la CIG, un total de 45, exigen a Defensa que tome "una solución real" que incluya a los 172 operarios afectados por el ERE. Los afiliados a la central nacionalista entienden que se encuentran en la misma situación que los de UGT, pese a que ellos se acogieron al plan de rentas y recibieron las indemnizaciones máximas que ofrecía la empresa.