La estación depuradora de Bens volvió ayer al centro de la polémica al conocerse, tras la reunión de los representantes de los cinco municipios integrantes del consejo de administración de la sociedad EDAR Bens, que la planta cuenta con una serie de deficiencias que ahora están siendo objeto de estudio por parte de un equipo técnico y de las que falta por determinar el coste económico y los responsables.

Algunos de estos problemas se refieren a la necesidad de instalar un segundo transformador eléctrico, a deficiencias en el conducto por el que se vierten al mar, una vez tratadas, las aguas residuales, al escaso corte de las rejillas de desbaste de los residuos sólidos que entran con las aguas residuales y a la posible mala calidad de algunos materiales de construcción, que pueden ocasionar un gasto de mantenimiento mayor del previsto al ser fuertemente castigados por el efecto del salitre y el viento.

No es la primera vez que las instalaciones de Bens dan quebraderos de cabeza a la Administración y, de hecho, ésta engrosa ya la lista de las grandes inversiones de la ciudad con plazos incumplidos. En 1996 fue catalogada como obra de interés general estatal, pero el Consejo de Ministros tardó siete años en sacar a concurso el proyecto.

A partir de ese momento, el compromiso de las administraciones era concluir las obras en 2005, si bien la instalación no se inauguró hasta seis años más tarde, en abril de 2011. Durante un año, la planta operó en pruebas con el objetivo de concretar "los costes exactos de la gestión", pero, una vez pasado este periodo, ninguna administración -en total, desde 1996 los planes de planta pasaron por manos de cinco ministros y cuatro conselleiros- ha confirmado si ya funciona al 100%.

De nada sirvió, para acelerar su inauguración, que el Gobierno estuviese incumpliendo la directiva europea sobre el Tratamiento de Aguas Residuales, en vigor desde 1991 y que marcaba el 31 de diciembre del año 2000 como fecha tope para que los países comunitarios contasen con sistemas adecuados en los núcleos de más de 15.000 habitantes.

Como consecuencia de esta demora, la Comisión Europea denunció en mayo de 2010 a España ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo por incumplir de forma "grave y continuada" su normativa que regula el tratamiento de estas aguas.

La condena no tardó en llegar. En abril de 2011, una sentencia del Tribunal obligaba a España a pagar las costas del proceso y a tomar medidas necesarias para cumplir la normativa, pudiendo la Comisión Europea solicitar multas millonarias para el Gobierno español en caso de que considerase que no se estaban tomando las medidas necesarias.

Ahora, los mandatarios municipales, que desconocían estas deficiencias cuando firmaron su incorporación a la sociedad, esperan los resultados del informe técnico, que se conocerá el 27 de diciembre. En caso de que haya que hacer un desembolso para solventar los desperfectos, habrá que ver quien paga los gastos extra de una estación que ya costó 128 millones.

El alcalde, Carlos Negreira, restó ayer importancia a las deficiencias detectadas por los técnicos en la EDAR de Bens al asegurar que es "absolutamente normal que en una planta de esas dimensiones y complejidad haya ciertos problemas menores de funcionamiento". El regidor manifestó que los problemas "se están solucionando", con la colaboración "estrecha" de la Confederación Hidrográfica.

Negreira destacó la importancia de la reunión del jueves, la primera del Consejo de Administración que tuvo lugar tras la incorporación de los municipios de Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros, y la aprobación del presupuesto de la empresa pública para el año 2014.

Esquerda Unida-Os Verdes exige que "se depuren responsabilidades" por los fallos detectados en la depuradora y denuncia que la empresa constructora de la EDAR de Bens está inmersa en casos de corrupción, al igual que el presidente de la Confederación Hidrolóxica Miño-Sil, Francisco Félix Fernández Liñares, también imputado en el marco de la operación Pokemon.

La estación fue diseñada para tratar las aguas residuales de 600.000 personas, 440.000 vecinos de la comarca y 200.000 trabajadores de los polígonos industriales. El objetivo es evitar que lleguen al agua 40 toneladas de residuos cada día. Los ayuntamientos de la comarca que participan en la gestión se repartirán los costes de la depuradora en función de sus vertidos.