La operación Pokemon ha entrado en A Coruña para quedarse. Doce imputaciones en un solo movimiento. Entre ellas, la del primer teniente de Alcaldía, Julio Flores, el único miembro del Gobierno local en esta primera lista. También el edil socialista José Nogueira, último responsable de Contratación del anterior Ejecutivo. La mayoría de ellas fueron comunicadas ayer y está previsto que sus protagonistas comiencen a desfilar por el juzgado de Lugo a partir de la próxima semana para prestar declaración. El afluente coruñés de la investigación, que busca presuntas contrataciones irregulares relacionadas con el grupo Vendex alcanza a asesores, altos cargos y técnicos municipales. Las pesquisas se centran también en la política de contratación de personal en algunas concesionarias de servicios del Concello. Con los de ayer, son 98 el número de imputados de la Pokemon en toda España
Siete de los doce nombres en la relación de imputados figuraban ya en el auto en el que la juez Pilar de Lara ordenaba un registro, el pasado 3 de diciembre, en dependencias municipales para obtener los datos de ordenadores y correos electrónicos de varios ocupantes de María Pita. Entre ellos, el número dos del Ejecutivo local y portavoz, Julio Flores; y el edil del PSOE José Nogueira, como último responsable de Contratación antes del cambio de Gobierno en primavera de 2011. A ambos les llegó una comunicación "a fin de presentar declaración en calidad de imputados sobre" una serie de presuntos delitos relacionados con la actividad municipal.
A media mañana, le entregaban la notificación para acudir a rendir cuentas ante la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Lugo. De Lara mantenía ayer, un día después de Navidad, su ritmo habitual de actividad e interrogaba a una serie de personas por presuntas irregularidades de índole administrativa y urbanística en la capital lucense al margen de la Pokemon.
A partir de ese momento, los dos concejales y el resto de señalados adquirieron la condición de imputados, que no acusados. Esto es, su estado procesal puede cambiar durante la fase de instrucción y ser desimputados. Tal situación facilita además su defensa, al permitirles acudir a declarar acompañados por un abogado. En el caso de que la juez no los desimpute, se sentarán en el banquillo como acusados.
Es también el caso del resto de diez imputados en esta operación Pikachu, pieza separada de la Pokemon y la tercera fase de la investigación, desarrollada en una ciudad, A Coruña, en donde Vendex obtenía la mitad de su facturación. La nómina de imputaciones prosigue con dos asesores directos del Gobierno local, uno del propio Julio Flores y otra de la edil de Cultura, Ana Fernández. Figuran también dos altos cargos nombrados por el Partido Popular: la jefa de Cultura y la jefa de Contratación. Sus nombres estaban en el auto que permitió a los agentes de Aduanas buscar información en el Ayuntamiento y en Casa Paredes, al igual que el del funcionario jubilado con antiguas responsabilidades en el departamento municipal de Deportes.
Aparecen como imputadas cinco personas más. La primera, la directora de los Museos Científicos Coruñeses, antigua interventora del Concello de Burela sin formación científica, a la que poco después de llegar se le encomendó la tarea de analizar la posible falsedad de los documentos registrales y de adquisición de las fincas del polígono de Someso. De su área, dependiente de la Concejalía de Cultura, las imputaciones salpican al director técnico del Aquarium, nombrado en 2004 durante el Gobierno socialista, y a un técnico responsable de mantenimiento y producción de los museos.
El inventario de imputaciones se cierra con otras dos funcionarias, en este caso relacionadas con el Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE), órgano autónomo responsable de fiestas y algunos de los auditorios de la ciudad. Fuentes próximas al caso auguran que esta lista de doce nombres se verá aumentada en próximas fechas y después de la toma declaraciones, en principio prevista ya para la próxima semana.
Como ha ocurrido en otros ayuntamientos, además de poner la lupa sobre contratos como el mantenimiento biológico de la Casa de los Peces o varios servicios del Ágora, las investigaciones buscan también supuestas irregularidades en materia de contratación de personal o cualquier anomalía en la relación de la Administración local con las empresas con las que trabaja.
Según ha podido saber este diario y en coincidencia con algunos de los posibles delitos que enumeraba el auto de principios de diciembre, las doce personas declararán en calidad de imputados por prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales, blanqueo de capitales, negociaciones prohibidas a funcionarios, uso ilícito de información privilegiada y alteración de concurso público.
